La Justicia rechaza la solicitud de la Fundación Francisco Franco para frenar su ilegalización
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud presentada por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para paralizar de forma inmediata el procedimiento administrativo iniciado por el Ministerio de Cultura, que persigue su extinción judicial. La decisión se ha adoptado al considerar que no existen razones de urgencia que justifiquen la adopción de medidas cautelarísimas, es decir, sin escuchar previamente a la otra parte implicada.
Motivos de la resolución judicial
En el auto dictado por la Sala, los magistrados argumentan que las medidas cautelarísimas solo pueden concederse cuando existe un riesgo inmediato de que la duración del proceso provoque daños irreparables. Según el TSJM, este riesgo no se da en el caso de la FNFF, dado que el recurso presentado por la fundación se dirige contra una resolución de carácter interlocutorio y, por tanto, las cuestiones planteadas pueden abordarse durante la tramitación ordinaria del expediente.
La fundación recurrió una resolución de la Subsecretaría de Cultura, fechada el 16 de febrero de 2026, que inadmitía un recurso de alzada previo. En el marco de ese procedimiento, el Ministerio de Cultura también rechazó la declaración como testigos de siete historiadores e investigadores propuestos por la entidad.
Próximos pasos en el procedimiento
Aunque el TSJM ha rechazado la adopción de medidas cautelarísimas, ha decidido abrir una pieza separada de medidas cautelares para valorar la suspensión del procedimiento administrativo por la vía ordinaria. En este nuevo trámite, el Abogado del Estado, representante del Ministerio de Cultura, dispondrá de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de que el tribunal adopte una decisión definitiva.
Contexto legal y argumentos de la Fundación
La actuación del Ministerio de Cultura se enmarca en la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fundaciones. Desde junio de 2024, el Ministerio ha impulsado acciones legales para solicitar la extinción judicial de la FNFF, argumentando que la fundación podría estar vulnerando la normativa vigente.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco sostiene que el procedimiento administrativo en su contra carece de base legal habilitante, que está afectado por caducidad y que vulnera su derecho de defensa. La entidad niega que realice apología del franquismo o que use expresiones humillantes hacia las víctimas de la dictadura, defendiendo que su interpretación de la historia responde a una perspectiva diferente.
- Niega hacer apología del franquismo ni ensalzar el golpe de Estado de 1936.
- Asegura que no fomenta el odio, la violencia ni el menosprecio hacia las víctimas.
- Afirma que el procedimiento podría causar daños irreversibles como su propia extinción y la liquidación de su patrimonio.
La fundación subraya que la actuación del Ministerio no supone un simple control administrativo, sino que constituye, en su opinión, un procedimiento sancionador que podría suponer la desaparición de la entidad tras cinco décadas de existencia. Asimismo, la FNFF sostiene que la medida atenta contra el artículo 34 de la Constitución española, relativo al derecho de fundación, así como contra la libertad de expresión e ideológica.
Implicaciones de la posible extinción
La FNFF ha manifestado que la disolución judicial supondría la pérdida de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la imposibilidad de continuar desarrollando los fines fundacionales para los que fue creada. Además, advierte del daño reputacional institucional y de la alteración irrevocable de su situación jurídica.
El proceso judicial continuará ahora con el análisis de las medidas cautelares por el procedimiento ordinario, en el que ambas partes podrán presentar sus argumentos antes de que el TSJM emita una resolución definitiva sobre la suspensión del proceso de ilegalización.
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