La Fiscalía solicita al TSJCV aplazar la investigación a Mazón por la gestión de la DANA
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que, por el momento, no se investigue al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su actuación durante la catástrofe de la DANA del 29 de octubre de 2024. La petición, formalizada este lunes, propone que el caso regrese al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que prosiga la fase de instrucción.
El informe de la Fiscalía
El fiscal superior, José Francisco Ortiz Navarro, ha fundamentado su solicitud en la ausencia de pruebas suficientes para imputar a Mazón en esta etapa del procedimiento. Aunque no descarta una posible responsabilidad penal futura, el Ministerio Público considera que, actualmente, «no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez» que justifiquen la imputación del expresidente.
En su informe, la Fiscalía subraya que el avance de la instrucción podría aportar nuevas declaraciones o documentos que permitan esclarecer si Mazón dio órdenes o instrucciones específicas relacionadas con la gestión de la emergencia. Por ello, estima necesario que la investigación continúe en el ámbito del juzgado de instrucción, sin cerrar la puerta a futuras acciones en función de los resultados que se obtengan.
Contexto de la investigación
La investigación sobre la actuación de Mazón se inició tras la exposición razonada presentada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. La magistrada argumentó que existían indicios de una «inactividad negligente» por parte del expresident durante la gestión de la DANA, relacionando su actuación con el fallecimiento de 230 personas.
Mazón, que renunció a su cargo el 3 de noviembre, mantiene la condición de aforado por su escaño en Les Corts, lo que motivó la intervención del TSJCV en la causa. La jueza detalló que el expresident solo asumió competencias activas cuando se incorporó al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 20:28 horas, momento en el que la mayoría de los fallecimientos ya se habían producido. Sin embargo, advirtió que algunos decesos ocurrieron tras su llegada al centro, especialmente en la localidad de Sot de Chera.
Elementos clave en la exposición judicial
Entre los elementos destacados por la magistrada figura la comida y sobremesa que Mazón compartió con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro mientras la emergencia se desarrollaba. Para la jueza, este comportamiento no solo merece reproches morales o políticos, sino que podría constituir un indicio de responsabilidad penal.
Según la exposición razonada, «la gravedad de la negligencia» radicaría en la omisión de la obligación de coordinar a los organismos autonómicos competentes ante una emergencia de tal magnitud. La permanencia pasiva de Mazón, durante cerca de cinco horas en el reservado del restaurante, se presenta como un factor decisivo, al coincidir con las horas más críticas de la catástrofe y el mayor número de víctimas mortales.
- La magistrada destaca que la emergencia fue competencia exclusiva de la administración autonómica.
- La secuencia de hechos sitúa los momentos más letales durante la ausencia del expresident en el Cecopi.
- La supuesta negligencia estaría vinculada tanto a la inacción como a la falta de coordinación efectiva.
Próximos pasos en el proceso judicial
A la luz del informe de la Fiscalía, el procedimiento queda en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que continuará recopilando pruebas y testimonios. La investigación permanece abierta, y no se descarta que puedan surgir nuevos elementos que determinen la posible responsabilidad penal de Mazón en la gestión de la crisis.
El caso DANA representa uno de los episodios más graves en la reciente historia de la Comunitat Valenciana, tanto por el elevado número de víctimas como por las cuestiones de responsabilidad política y penal que ha suscitado en torno a la gestión de las emergencias por parte de las autoridades autonómicas.
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