El Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral de Milei: profundos cambios en los derechos de los trabajadores
El Congreso de Argentina ha dado luz verde a una controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, la cual introduce modificaciones significativas en la normativa que regula las relaciones laborales en el país. La nueva legislación, compuesta por más de 200 artículos, ha generado un intenso debate político y social, y ha desencadenado protestas multitudinarias en la capital argentina.
Principales cambios de la reforma laboral
La llamada Ley de modernización laboral representa una revisión profunda de la legislación vigente desde 1976. Entre sus principales disposiciones se destacan:
- Reducción de indemnizaciones: El cálculo de las indemnizaciones por despido se verá reducido, ya que se excluyen conceptos como el aguinaldo, las vacaciones, premios y otros pagos no habituales. Solo se tomarán en cuenta los salarios mensuales regulares.
- Pago de condenas en cuotas: Las empresas podrán abonar las condenas judiciales en hasta seis cuotas en el caso de grandes empresas y hasta doce cuotas para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un fondo administrado por entidades financieras, alimentado por aportes mensuales de los empleadores, destinado a cubrir posibles despidos.
- Flexibilización del pago salarial: Los salarios podrán pagarse opcionalmente en moneda extranjera, y las prestaciones complementarias podrán ser abonadas en especie.
- Reformas en la antigüedad: La nueva ley elimina la consideración de la antigüedad del trabajador si han pasado dos años entre el cese y la reincorporación al empleo.
- Cambios en las vacaciones: Se permite fraccionar las vacaciones en períodos no menores a siete días, con la obligación de que cada tres años al menos uno coincida con la temporada escolar de verano.
- Banco de horas: Se introduce un sistema de banco de horas que permite compensar horas extra trabajadas con días libres o reducción de jornada, en lugar de pagarlas monetariamente.
Restricciones al derecho a huelga y actividad sindical
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es la restricción al derecho a huelga y a la actividad sindical. Se amplía la cantidad de sectores considerados “esenciales”, donde durante una huelga se debe garantizar al menos el 75% del servicio. Este grupo abarca áreas como telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros, migratorios, educación (exceptuando universidades), salud, agua, energía, gas y control aéreo.
Otros sectores definidos como de “importancia trascendental”, tales como transporte, banca, agricultura, minería, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería, deberán asegurar un 50% de servicio durante las medidas de fuerza.
Las asambleas y congresos de delegados, según la nueva norma, no podrán interferir en el funcionamiento habitual de las empresas y requerirán autorización. Se tipifica como infracción grave cualquier acción que limite la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la huelga, así como los bloqueos o tomas de establecimientos.
Modificaciones en los convenios colectivos y estatutos especiales
- Vigencia de los convenios colectivos: Se elimina la prórroga automática de los convenios colectivos vencidos; a partir de ahora, perderán vigencia al expirar, excepto en lo relativo a condiciones básicas de trabajo. Además, los acuerdos de empresa prevalecerán sobre los sectoriales.
- Derogación de estatutos especiales: En un plazo de 180 días, quedarán derogados los estatutos del viajante de comercio, peluquero, chófer particular y operador de radio y telegrafía. El estatuto del periodista profesional dejará de estar vigente a partir del 1 de enero de 2027.
Reacciones políticas y sociales
El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma como un hito “histórico” y afirmó que la nueva normativa representa una verdadera modernización laboral. Desde el oficialismo se defiende que los derechos principales, como las indemnizaciones y el registro formal de empleados, se mantienen, pero que el sistema será más ágil y menos costoso para las empresas.
En contraste, la oposición peronista ha manifestado un rechazo categórico, alegando que la reforma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y contraviene la Constitución Nacional. El senador justicialista Jorge Capitanich alertó que las modificaciones podrían tener un impacto negativo en el empleo y la protección social.
El descontento social se expresó con fuerza en las calles de Buenos Aires, donde cientos de manifestantes protestaron contra la nueva ley. Las movilizaciones concluyeron con la detención de cuatro personas y un saldo de 122 heridos, según reportó la Comisión por la Memoria, organismo local de derechos humanos.
Próximos pasos
Tras la ratificación parlamentaria, la reforma debe ser promulgada oficialmente por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigor. La implementación de estos cambios marcará un antes y un después en la legislación laboral argentina, con efectos que serán motivo de seguimiento y análisis en los próximos meses.
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