Procesados el ex número dos del PSOE andaluz y un exconsejero por presunto fraude en cursos de formación
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado al exvicesecretario general del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, y al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, como parte de la investigación por el presunto fraude en la gestión de cursos de formación subvencionados con fondos públicos.
Ocho acusados más, incluidos familiares y ex altos cargos
Junto a Velasco y Fernández, el auto judicial también procesa a otros ocho acusados, entre los que se encuentran familiares directos de Rafael Velasco y ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Todos ellos estarían vinculados con la empresa Aulacen Cinco SL, epicentro del entramado investigado.
Presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones
La investigación se centra en la presunta ilicitud durante el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones públicas destinadas a programas de Formación para el Empleo. Estas ayudas, gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), habrían sido otorgadas a la sociedad mercantil Aulacen Cinco SL, vinculada al entorno de Rafael Velasco.
Según el juez, la empresa Aulacen Cinco habría resultado “injustamente” beneficiada en el reparto de fondos públicos, percibiendo más de 193.900 euros procedentes tanto de la Junta de Andalucía como del Fondo Social Europeo. El último de estos ingresos se realizó por un importe de 10.324 euros.
Trato de favor y procedimientos irregulares
El auto judicial destaca que las actividades se habrían desarrollado “al margen de la legalidad vigente”, omitiendo el procedimiento legalmente establecido. Esta situación habría causado un perjuicio tanto a otras empresas del sector como a los desempleados que aspiraban a participar en los programas de formación.
Entre las irregularidades detectadas, el juzgado señala que la inscripción de la sociedad Aulacen Cinco como centro de formación acreditado no habría seguido el procedimiento competitivo estipulado por la normativa. Esto refuerza la sospecha de un posible trato de favor por parte de responsables del Servicio Andaluz de Empleo hacia la empresa investigada.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con este auto, el juzgado traslada la causa a la Fiscalía y a las partes acusadoras, quienes disponen de un plazo de veinte días para solicitar la apertura del juicio oral, presentar escrito de acusación, solicitar el archivo del caso o, de manera excepcional, pedir nuevas diligencias.
- El caso pone en el foco la gestión de fondos públicos para formación en Andalucía.
- La resolución judicial podría derivar en la celebración de un juicio oral en los próximos meses.
- El proceso afecta a ex responsables políticos y a sus allegados, señalando posibles irregularidades administrativas y penales.
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