El Gobierno recurrirá ante el Constitucional los cambios en la ley trans valenciana
El Consejo de Ministros ha tomado la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las recientes modificaciones introducidas en la ley trans de la Comunidad Valenciana. El acuerdo, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, sostiene que las reformas no se ajustan a los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución Española.
Motivos del recurso de inconstitucionalidad
Las modificaciones impugnadas forman parte de la Ley valenciana de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. En concreto, afectan al derecho a la identidad sexual y a la expresión de género de las personas trans, temas regulados inicialmente por la ley autonómica aprobada en 2017.
Entre los cambios pactados por los grupos parlamentarios Partido Popular y Vox, se incluyen disposiciones que defienden el derecho a la identidad bajo el principio de libertad y ausencia de presiones legales o sociales. Además, las enmiendas prohíben la patologización y la consideración de perjuicio hacia las personas trans, al tiempo que abogan por la normalización de la identidad trans y la prohibición de terapias que impliquen agresión o intimidación.
Desacuerdos en la Comisión Bilateral
En el proceso de diálogo previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana inició negociaciones sobre los preceptos controvertidos, sin que se alcanzara un acuerdo. Ante esta situación, el Ejecutivo ha solicitado la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española para que se suspendan los artículos impugnados de la ley autonómica mientras se resuelve el recurso.
Principales controversias detectadas
El Gobierno central, a través de los ministerios de Igualdad, Sanidad, Juventud e Infancia, y Educación, Formación Profesional y Deportes, ha señalado varias controversias derivadas de las modificaciones. Según el Ejecutivo, la nueva redacción vulnera la competencia estatal establecida en el artículo 149.1.1ª de la Constitución, que otorga al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.
La legislación estatal sobre la igualdad real y efectiva de las personas trans y los derechos de las personas LGTBIQ+ establece el marco básico para la protección de este colectivo. El Gobierno considera que la normativa autonómica entra en conflicto con este marco, especialmente en cuestiones relacionadas con la igualdad de trato y la no discriminación.
- Se cuestiona la modulación de la prohibición de las llamadas «terapias de conversión».
- Se señala que puede vulnerar el derecho de los menores a participar en decisiones que les afectan.
- Se advierte de una posible patologización de las personas trans.
- Se identifican contradicciones con la regulación estatal en materia educativa.
Fundamentos constitucionales para la impugnación
El Ejecutivo argumenta que, además del artículo 149.1.1ª de la Constitución, las reformas vulneran otros preceptos constitucionales, como los artículos 10, 14, 15, 18, 149.1.16ª y 149.1.30ª. Estos artículos protegen, entre otros derechos, la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley, la integridad física y moral, y las competencias estatales en materia de sanidad y educación.
El Gobierno concluye que existen tanto motivos formales como materiales para solicitar al Tribunal Constitucional la anulación de varios preceptos de la Ley 5/2025, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, por considerarlos contrarios a la Constitución.
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