La Fiscalía de la CPI señala a Duterte como figura central en crímenes contra la humanidad en Filipinas
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado que el expresidente filipino Rodrigo Duterte desempeñó un papel central en un «plan común» para neutralizar a presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico a través de una campaña sistemática de asesinatos. Según el organismo internacional, Duterte ejerció control efectivo sobre los responsables directos de estos crímenes y es considerado «penalmente responsable» de, al menos, tres cargos de asesinato e intento de asesinato en el contexto de su política antidrogas.
Acusaciones de crímenes generalizados y sistemáticos
Durante una audiencia celebrada este lunes, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, afirmó que existen «motivos fundados» para creer que Duterte formó parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil filipina. El fiscal subrayó que el exmandatario tenía la máxima influencia y autoridad sobre los autores materiales de los crímenes, incluidos miembros de la policía local, la policía nacional y las fuerzas armadas.
Duterte no asistió presencialmente a la audiencia, tras presentar un certificado médico que justificaba su ausencia. La CPI autorizó su no comparecencia debido a problemas de salud.
Balance de víctimas y ámbito de las investigaciones
Entre las acusaciones que analiza la Fiscalía se encuentra la muerte de aproximadamente 6,000 personas, según cifras oficiales del gobierno filipino. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos elevan la cifra de víctimas hasta los 30,000, apuntando a una política de ejecuciones extrajudiciales implementada durante el mandato de Duterte.
El caso sostiene que Duterte, de 80 años, no solo fue responsable durante su presidencia, sino que también habría dirigido el llamado «escuadrón de la muerte de Davao» cuando ejercía como alcalde de esa ciudad, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. Posteriormente, al asumir la presidencia el 30 de junio de 2016, expandió estas prácticas a nivel nacional bajo su conocida campaña «Double Barrel» o «Doble Cañón», enmarcada en la denominada «guerra contra las drogas».
Modus operandi y responsabilidad de Duterte
La Fiscalía de la CPI argumenta que Duterte realizó «contribuciones esenciales» a la perpetración de estos crímenes. Entre sus acciones destaca la autorización y promoción pública de asesinatos, el suministro de recursos logísticos y protección a los autores materiales, la provisión de incentivos económicos y la garantía de impunidad para los ejecutores. Muchos de estos recibían salarios regulares y pagos adicionales por cada persona asesinada, conocido como el sistema de «pago por cabeza».
- Promoción pública de asesinatos
- Provisión de recursos y protección a los perpetradores
- Incentivos económicos por ejecuciones
- Garantía de impunidad
Defensa y postura oficial
Por su parte, la defensa de Duterte, liderada por el abogado israelí Nicholas Kaufman, niega la existencia de una política estatal de asesinatos en Filipinas. Solicitan a la Corte que no confirme los cargos, argumentando que deben basarse en pruebas concretas y no en interpretaciones políticas. Además, acusan a la Fiscalía de seleccionar discursos de Duterte fuera de contexto para sustentar su acusación por incitación al asesinato.
Próximos pasos
El proceso judicial continuará con la valoración de las pruebas y testimonios presentados, mientras la comunidad internacional sigue con atención este caso emblemático sobre la responsabilidad de líderes políticos en crímenes de lesa humanidad.
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