Leyes y barreras administrativas: así puede Israel apropiarse de tierras en Cisjordania ante el silencio de Occidente
La reciente aprobación de una ley en la Knesset ha reavivado el debate sobre el futuro de Cisjordania. Esta normativa permitirá a Israel tomar posesión de terrenos en el Área C de este territorio ocupado, incluso aquellos que estaban vetados desde la Guerra de los Seis Días en 1967. El proceso, según denuncian juristas y analistas, se apoya en obstáculos administrativos que dificultan a la población palestina demostrar la propiedad legítima de sus tierras.
Un nuevo marco legal para la apropiación de tierras
La nueva ley, impulsada por los ministros de Finanzas, Justicia y Defensa de Israel, establece que los palestinos deberán presentar ante tribunales israelíes pruebas documentales de propiedad sobre sus tierras en el Área C, región que representa el 60% de Cisjordania y que permanece bajo control administrativo y militar israelí desde los Acuerdos de Oslo de 1993.
De no poder acreditar la titularidad, las tierras pasarán a ser consideradas «propiedad estatal» y podrán ser confiscadas por el Gobierno israelí. Esta situación se ve agravada por la dificultad, tanto histórica como administrativa, que enfrentan los palestinos para acceder a registros oficiales reconocidos por Israel.
Un problema histórico y legal de fondo
El origen del problema se remonta al siglo XIX, durante la ocupación otomana, cuando comenzaron los primeros registros de propiedad —conocidos como tabou— en Palestina. En aquel entonces, la propiedad privada no era una práctica extendida: la tierra era gestionada por familias, comunidades o instituciones religiosas.
A lo largo del mandato británico y posteriormente bajo administración jordana, se sucedieron distintos sistemas de registro, a menudo acompañados de elevados impuestos que forzaban a los campesinos palestinos a perder la titularidad de sus tierras. Como resultado, muchas parcelas no están formalmente registradas, lo que complica aún más la defensa legal de sus propietarios actuales.
Incluso quienes poseen documentación histórica, como el tabou, se enfrentan a la negativa de las autoridades israelíes a reconocer estos documentos. Según juristas locales, el sistema judicial militar israelí, con una tasa de condenas del 99,7%, presume la culpabilidad de los palestinos y rechaza sistemáticamente la documentación emitida por organismos palestinos.
Implicaciones y consecuencias en el terreno
La aplicación de esta ley podría tener efectos inmediatos y duraderos en la vida de miles de palestinos. No solo pone en riesgo la titularidad de la tierra, sino que abre la puerta a un aumento significativo de las demoliciones de viviendas, no solo en el Área C sino también en otras zonas, como la B, donde en 2025 ya se registraron numerosos derribos.
Las autoridades palestinas y expertos internacionales advierten que esta iniciativa marca un precedente peligroso y temen que próximamente se extienda a las Áreas A y B de Cisjordania. Además, Israel ha anunciado que los ayuntamientos palestinos, como el de Hebrón, perderán toda autoridad, transfiriendo la gestión urbana a los asentamientos de colonos.
- En el Área C, residen más de 390.000 palestinos según el censo de 2018.
- Los expertos advierten que la ley eliminará la posibilidad de una solución basada en dos Estados.
- Se prevé un aumento de las confiscaciones y destrucciones de propiedades palestinas.
El contexto internacional y la respuesta de Israel
El Gobierno israelí justifica estas medidas alegando que la Autoridad Palestina incumple los Acuerdos de Oslo y carece de potestad sobre el Área C. Sin embargo, dichos acuerdos preveían que este territorio debía transferirse a la Autoridad Palestina en 1997, algo que no se ha materializado. Actualmente, Israel mantiene el control sobre el 18% de Cisjordania, una cifra muy inferior al 80% estipulado en los acuerdos originales.
Desde el punto de vista del derecho internacional, especialistas sostienen que Israel no ha actuado como potencia ocupante conforme a la normativa humanitaria, que exige la administración temporal y el beneficio de la población protegida. Por el contrario, denuncian políticas de ocupación permanente y prácticas que contravienen las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reconocen la ilegalidad de la ocupación de territorios palestinos desde 1967.
División administrativa y control en Cisjordania
Según los Acuerdos de Oslo, Cisjordania quedó dividida en tres áreas:
- Área A: Bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Palestina.
- Área B: Control civil palestino, pero seguridad bajo control israelí.
- Área C: Administración y seguridad bajo control exclusivo de Israel.
Esta fragmentación no ha impedido los ataques, demoliciones y expansión de asentamientos israelíes en todo el territorio, afectando gravemente la cohesión social y la viabilidad de un futuro Estado palestino.
Un futuro incierto bajo la mirada pasiva de Occidente
El silencio de la comunidad internacional, especialmente de potencias como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, contribuye a la continuidad de estas políticas. Organizaciones de derechos humanos y juristas denuncian que la ausencia de una respuesta firme favorece la impunidad y la consolidación de un proyecto colonial que dificulta cualquier camino hacia la paz.
Mientras tanto, la población palestina enfrenta la amenaza constante de perder sus hogares y tierras, en un escenario donde la legalidad internacional y los acuerdos previos parecen cada vez más lejanos de la realidad sobre el terreno.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
