Más de 70 organizaciones exigen la suspensión del reglamento de deportación de migrantes en la UE
Más de setenta organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes han solicitado a las instituciones de la Unión Europea (UE) que detengan la tramitación del nuevo Reglamento de Retorno. Esta propuesta, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2025, forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo y busca endurecer las políticas de expulsión de migrantes en situación irregular.
Preocupaciones sobre retrocesos en derechos y libertades
Las organizaciones firmantes, entre ellas la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) y Médicos del Mundo, han emitido una declaración conjunta en la que alertan sobre las graves consecuencias que podría tener la aplicación de esta normativa. Según denuncian, el reglamento supondría un retroceso significativo en materia de derechos humanos y libertad para las personas migrantes en Europa.
La propuesta pretende armonizar los procedimientos de retorno en los Estados miembros, aumentar la eficacia de las expulsiones y reducir la permanencia irregular de migrantes en la UE. Para lograrlo, introduce normas comunes para la identificación, detención y expulsión de personas en situación irregular.
Refuerzo de redadas y vigilancia tecnológica
Las ONG advierten que la nueva normativa ampliaría las redadas migratorias en espacios tanto públicos como privados y fortalecería el uso de tecnologías para la vigilancia de personas migrantes. Además, temen que se obligue a los servicios públicos, como centros de salud o educativos, a colaborar con las fuerzas de seguridad en la identificación y detención de personas sin documentación.
Entre los cambios propuestos por el Parlamento Europeo, destaca la posibilidad de enviar a migrantes a centros en países terceros, aunque no exista una relación directa entre la persona deportada y el país de destino. Asimismo, se aprobó una primera lista de países considerados “seguros” para la expulsión, entre los que se encuentran Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.
Riesgo de discriminación y perfilado racial
Michele LeVoy, directora de PICUM, expresó su preocupación por la normalización de prácticas como el perfilado racial y la vigilancia en entornos públicos y privados: “Las redadas migratorias no son nuevas en Europa, pero este reglamento ampliará y normalizará el perfilado racial, la vigilancia en los servicios públicos y operaciones similares a las del ICE en Estados Unidos, incluso en hogares privados”. LeVoy pidió coherencia entre el discurso europeo sobre derechos humanos y las políticas migratorias internas.
Impactos negativos en la salud pública
Desde el ámbito sanitario, Andrea Soler Eslava, representante de Médicos del Mundo ante la UE, destacó que “las leyes centradas en detectar y deportar según el estatus migratorio tienen un impacto directo en la salud”. Esta situación, añadió, disuade a mujeres embarazadas, menores y personas con enfermedades crónicas de acudir a servicios médicos, lo que no solo es inaceptable desde una perspectiva ética, sino que representa un riesgo para la salud pública en general.
Tanto PICUM como Médicos del Mundo han advertido en un informe que la aprobación de este reglamento podría acarrear “riesgos graves e irreparables tanto para la salud individual como para la salud pública”. Por ello, exigen que se revise la propuesta desde una perspectiva sanitaria antes de su aprobación definitiva.
Próximos pasos en el proceso legislativo
Está previsto que a principios de marzo la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) vote un borrador sobre el reglamento, que incluye medidas para la detección y detención de personas indocumentadas en espacios públicos, propuestas por el Consejo de la UE.
- Las organizaciones firmantes reclaman la suspensión inmediata del reglamento.
- Solicitan una revisión en profundidad que garantice el respeto a los derechos humanos y la salud pública.
- Insisten en la necesidad de políticas migratorias coherentes y no discriminatorias en la Unión Europea.
La polémica en torno al Reglamento de Retorno pone de manifiesto el debate existente en Europa sobre el equilibrio entre el control migratorio y la protección de los derechos fundamentales, en un contexto de creciente presión migratoria y desafíos humanitarios.
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