Puerto Rico reconoce al concebido no nacido como víctima de asesinato
La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, firmó el jueves una nueva ley que modifica el Código Penal para incluir al concebido no nacido en la definición de «ser humano». Esta medida, que redefine jurídicamente el estatus del embrión y el feto, ha generado un intenso debate en la isla por sus implicaciones sobre el derecho al aborto.
Modificación del Código Penal
La legislación, que enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico, establece que el «ser humano» comprenderá al concebido en cualquier etapa de gestación. De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, la intención es armonizar las disposiciones civiles y penales, reconociendo explícitamente al concebido no nacido como sujeto de protección legal.
Esta norma se suma a una ley aprobada recientemente en Puerto Rico, que declara asesinato en primer grado la muerte intencional y consciente de una mujer embarazada.
Reacciones y críticas de la oposición
El anuncio ha provocado una reacción inmediata entre grupos de derechos civiles y partidos de oposición. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico manifestaron su rechazo, calificando la nueva ley como un intento de criminalizar y restringir el acceso al aborto en la isla.
Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, expresó que la legislación representa “una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico”. Por su parte, portavoces de la oposición señalaron que la medida busca “ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos”.
Contexto legal: aborto y derechos constitucionales
El debate sobre el aborto en Puerto Rico cobró fuerza tras la anulación de la sentencia Roe contra Wade por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos en junio de 2022. Hasta entonces, la histórica decisión judicial garantizaba el derecho al aborto desde 1973. Tras su anulación, varios proyectos de ley para restringir la interrupción voluntaria del embarazo fueron presentados en la isla, aunque ninguno prosperó hasta este momento.
Si bien expertos señalan que el aborto no está protegido como derecho fundamental bajo la Constitución federal estadounidense, en Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, el derecho a la intimidad de las mujeres sí está amparado constitucionalmente, lo que ha servido de base para la protección del aborto en el territorio.
Implicaciones y próximos pasos
La entrada en vigor de esta ley marca un cambio significativo en el marco legal puertorriqueño, abriendo la puerta a posibles desafíos judiciales y a un renovado debate social en torno a los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres.
- La nueva ley redefine jurídicamente al concebido no nacido como ser humano.
- Organizaciones civiles y partidos de oposición advierten sobre el riesgo de criminalizar el aborto.
- El contexto legal local y federal generan incertidumbre respecto al futuro del derecho al aborto en Puerto Rico.
Se espera que en las próximas semanas se presenten recursos legales y que el debate continúe tanto en los tribunales como en la esfera pública.
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