El PSOE denuncia a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal de Cuentas por condonar 71 millones a Quirón y Ribera Salud
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Gobierno regional, acusando a la Administración de Isabel Díaz Ayuso de incurrir en «responsabilidad contable» por no reclamar a los grupos privados Quirón y Ribera Salud una deuda que asciende a 71 millones de euros. Esta cantidad corresponde a tratamientos realizados en hospitales públicos a pacientes procedentes de centros concertados entre 2017 y 2023.
Atención sanitaria y facturación intercentros
En la Comunidad de Madrid coexisten hospitales de gestión pública y hospitales concertados, gestionados por empresas privadas como Quirón (cuatro centros) y Ribera Salud (uno). El sistema sanitario madrileño permite a los pacientes elegir libremente el hospital al que desean acudir, lo que genera la necesidad de compensaciones económicas entre centros por los tratamientos realizados a pacientes de distintas áreas sanitarias.
Para gestionar estos intercambios, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) utiliza una plataforma informática que cruza automáticamente los datos de facturación entre hospitales. De este modo, los costes de la atención a pacientes derivados se suman al canon fijo que anualmente perciben los hospitales concertados por cada habitante de su zona de referencia.
Deficiencias en los sistemas de información
Según la denuncia socialista, los hospitales públicos disponen de subsistemas de información propios y, además, existen «códigos pendientes de normalización» en la gestión de datos. Estas carencias técnicas dificultan la captura automática de determinados servicios y líneas de actividad, lo que habría impedido facturar correctamente los tratamientos realizados a pacientes derivados desde hospitales concertados.
Como resultado de estas deficiencias, la sanidad pública madrileña habría dejado de cobrar a Quirón y Ribera Salud cientos de tratamientos entre 2017 y 2023. El importe total no facturado asciende a 71.653.032 euros, de acuerdo con un informe interno de la Consejería de Sanidad citado por el Grupo Socialista y revelado por elDiario.es.
- El impacto económico solo en el año 2023 superó los 11 millones de euros.
- La falta de documentación clínica habría impedido reclamar estos importes.
Cambios presupuestarios y críticas políticas
El secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha calificado de «escándalo» la gestión del Gobierno regional. López denuncia que se han movilizado partidas presupuestarias originalmente destinadas a residencias de mayores, gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), para beneficiar a los grupos privados a los que, además de condonar la deuda, se les estaría pagando el doble de lo presupuestado.
«Lo que no se gasta en las residencias, se mueve al grupo privado de sanidad», afirmó López en una entrevista radiofónica, donde anunció formalmente la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
Próximos pasos
La denuncia presentada por el Grupo Socialista abre la puerta a una investigación por parte del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos públicos en la Comunidad de Madrid y el control de los intercambios económicos entre centros sanitarios públicos y privados. El asunto ha avivado el debate sobre la transparencia y la eficiencia del sistema sanitario madrileño, así como sobre la gestión de los conciertos con entidades privadas.
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