Una magistrada investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en Alacant
La adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, situada en la Playa de San Juan en Alacant, está siendo objeto de una investigación judicial tras la apertura de diligencias previas por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alacant. Esta decisión se ha tomado después de que Manos Limpias presentara una denuncia por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la gestión y asignación de estas viviendas.
Tres dimisiones como consecuencia del caso
El caso ha provocado ya la dimisión de tres altos cargos: la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alacant, una directora general y el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Las renuncias se produjeron tras hacerse público que familiares directos y personas vinculadas a estos cargos figuraban entre los beneficiarios de las viviendas de protección pública.
Delitos investigados y alcance de la causa
La denuncia presentada la semana pasada apunta a presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En total, nueve personas están siendo investigadas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo, una exdirectora general y empleados municipales.
La magistrada ha solicitado la acumulación en su juzgado de todos los procedimientos y denuncias abiertas en la Fiscalía de Alicante sobre estos hechos, con el objetivo de unificar la investigación y garantizar una tramitación judicial integral. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de un comunicado oficial.
Detalles sobre los implicados
La investigación se inició tras conocerse que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como familiares cercanos de la exdirectora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal, figuraban entre los adjudicatarios de las viviendas protegidas. Además, Miguel Ángel Sánchez, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, presentó su dimisión después de que se supiera que una de las beneficiarias era la madre de sus dos hijas.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con la apertura de las diligencias previas y la unificación de las acciones legales, el juzgado de Alacant continuará con la instrucción del caso para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública. Se espera que en las próximas semanas se practiquen nuevas diligencias y se cite a declarar a los investigados, con el objetivo de depurar responsabilidades en la gestión de estas promociones inmobiliarias.
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