El testimonio clave que puede complicar al Gobierno de Ayuso en el caso de las residencias de Madrid
Las investigaciones judiciales sobre la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid vuelven a cobrar protagonismo esta semana. El foco está puesto en el testimonio de Antonio Burgueño, asesor sanitario y responsable del plan de medicalización de estos centros, una medida que, pese a ser propuesta, no llegó a implementarse y cuyo desenlace es ahora objeto de análisis en los tribunales.
- El testimonio clave que puede complicar al Gobierno de Ayuso en el caso de las residencias de Madrid
- Nueva citación judicial para esclarecer responsabilidades
- Tres intentos para escuchar a Burgueño
- El origen del plan y su ejecución fallida
- Testimonios divergentes y un panorama desigual
- Distribución de recursos: Ifema, hoteles medicalizados y residencias
- Las claves del testimonio de Burgueño
- Perspectivas y repercusiones judiciales
Nueva citación judicial para esclarecer responsabilidades
El Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha citado para este miércoles a varios ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos Burgueño, Francisco Javier Martínez Peromingo, Carlos Mur —conocido por su papel en los llamados protocolos de exclusión hospitalaria— y una geriatra de enlace. Todos comparecen en calidad de investigados, en una causa iniciada por una querella particular y no por las demandas colectivas de asociaciones de familiares de víctimas.
Esta comparecencia podría arrojar luz sobre una de las cuestiones más controvertidas de la gestión sanitaria madrileña: la negativa a trasladar a hospitales a miles de mayores durante los meses críticos de marzo y abril de 2020, así como la falta de medicalización de las residencias, donde se produjeron 7.291 fallecimientos sin atención hospitalaria.
Tres intentos para escuchar a Burgueño
La declaración de Antonio Burgueño como investigado ha sido intentada en dos ocasiones anteriores sin éxito. En mayo del pasado año, fue citado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero no llegó a declarar por motivos procesales. Posteriormente, compareció como testigo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, aunque la vista fue suspendida por la jueza, al considerar que debía hacerlo en calidad de investigado y no como testigo.
La importancia de su testimonio radica en su papel central en el diseño del Plan de medicalización de residencias, un elemento clave en todas las investigaciones abiertas sobre la gestión de la pandemia en estos centros.
El origen del plan y su ejecución fallida
El 10 de marzo de 2020, ante la expansión acelerada del coronavirus, Isabel Díaz Ayuso nombró a Burgueño como asesor principal para coordinar la respuesta sanitaria. Al día siguiente, en una reunión en la sede del Gobierno regional, se le encargó la elaboración de un Plan de Choque con dos ejes principales: la creación de un mando único sanitario y la medicalización de residencias de mayores.
El Plan, presentado oficialmente el 12 de marzo, prometía atención médica y de enfermería en las residencias, refuerzo de la atención primaria, hospitalización domiciliaria y la incorporación de entre 200 y 250 médicos. Sin embargo, según el propio Burgueño, la medicalización nunca se materializó y numerosos residentes fallecieron sin recibir atención médica directa.
Testimonios divergentes y un panorama desigual
Durante sus comparecencias, otros responsables de la gestión reconocieron que la medicalización de las residencias no se llevó a cabo o fue insuficiente. Carlos Mur llegó a calificar la medida como «irrealizable» en un correo al consejero de Sanidad y defendió que los protocolos solo tenían sentido en centros medicalizados, algo que, según admitió, no se logró implementar.
Francisco Javier Martínez Peromingo, por su parte, explicó que mientras algunos centros recibieron recursos y medicación, otros carecieron por completo de apoyo sanitario. La escasez de medios y personal fue una constante en los relatos de quienes participaron en la gestión de la crisis.
Distribución de recursos: Ifema, hoteles medicalizados y residencias
Uno de los datos más relevantes que manejan tanto la justicia como los familiares de las víctimas es la distribución del personal sanitario durante la primera ola. De los 1.826 médicos y enfermeras movilizados, la gran mayoría fue destinada al hospital de campaña de Ifema y a 14 hoteles medicalizados, mientras que solo 54 profesionales fueron enviados a las 475 residencias de la región, que acogían a 48.200 personas mayores.
- 1.421 sanitarios a Ifema (donde solo se atendió a 23 residentes con síntomas leves)
- 351 a hoteles medicalizados (sin asistencia a residentes de los centros)
- 54 a las residencias de mayores
El resultado fue demoledor: en marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 residentes, de los cuales 7.291 murieron en los propios centros sin ser trasladados a hospitales.
Las claves del testimonio de Burgueño
Antonio Burgueño, tanto en declaraciones públicas como en la Asamblea de Madrid, ha dejado claro que la medicalización era factible y necesaria, y que su Plan preveía la movilización de los médicos de atención primaria hacia las residencias. No obstante, esos profesionales fueron destinados a otras instalaciones, como Ifema y los hoteles medicalizados, dejando a los mayores de las residencias sin la atención sanitaria prometida.
Burgueño ha sido contundente: «Las residencias no fueron bien atendidas. Hubo enfermos que murieron sin haber visto un médico». Sus palabras resumen la gravedad de los hechos y refuerzan la importancia de su declaración en sede judicial para determinar qué decisiones se tomaron, quiénes fueron los responsables y si se pudieron evitar muchas de las muertes que se produjeron en aquellos meses.
Perspectivas y repercusiones judiciales
El caso de las residencias de Madrid sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la gestión sanitaria de la pandemia en España. El testimonio de Antonio Burgueño, junto al de otros ex altos cargos, será determinante para esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas en la falta de medicalización de estos centros y en el elevado número de fallecimientos.
Los próximos días serán clave para saber si, finalmente, la justicia logra escuchar la versión de quien diseñó el plan que nunca llegó a aplicarse. Una pieza fundamental para entender lo sucedido y avanzar en la reparación de las víctimas y sus familias.
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