La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional investigue a Puente por el accidente de Adamuz
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha determinado que este órgano judicial no tiene competencia para investigar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que provocó la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero. Así lo señaló el Ministerio Público en un escrito dirigido al magistrado Antonio Piña, en respuesta a la admisión a trámite de una querella presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Argumentos de la Fiscalía
En su informe, la Fiscalía subraya dos motivos principales para rechazar la investigación por parte de la Audiencia Nacional:
- El ministro Óscar Puente, como miembro del Gobierno, está aforado ante el Tribunal Supremo, que es el único órgano judicial competente para investigar e imputar a un ministro en ejercicio.
- El Juzgado de Primera Instancia de Montoro ya ha iniciado diligencias para esclarecer las causas del siniestro, por lo que la instrucción corresponde a dicho tribunal territorial.
La querella, que acusa al ministro de homicidio imprudente, fue presentada por la asociación ultra Libertad y Justicia. Tras recibir la denuncia, el juez Piña solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre si la Audiencia Nacional debía o no investigar el caso.
Próximos pasos judiciales
Tras el dictamen del Ministerio Público, corresponde ahora al magistrado Antonio Piña decidir si admite o rechaza la querella contra Óscar Puente. Hasta el momento, la investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz sigue su curso en el tribunal de Montoro, donde se analizan las circunstancias del suceso que conmocionó a la sociedad española.
La noticia, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por otros medios, pone de relieve el debate sobre la competencia judicial en casos que implican a altos cargos del Gobierno y la correcta tramitación de denuncias en situaciones de especial gravedad.
Contexto del accidente
El accidente de Adamuz, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, ha generado una intensa atención mediática y numerosas demandas de responsabilidad política y judicial. La investigación busca esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades, mientras las familias de las víctimas reclaman justicia y transparencia en el proceso.
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