El artículo 102.2 de la Constitución: la acusación de Vox contra Sánchez y su historia en la democracia española
El artículo 102.2 de la Constitución española ha protagonizado recientemente el debate político después de que Vox propusiera su activación contra el presidente Pedro Sánchez. Se trata de una herramienta constitucional nunca utilizada en la historia democrática del país, y cuya naturaleza y procedimiento generan interrogantes tanto jurídicos como políticos.
¿Qué establece el artículo 102?
El artículo 102 de la Constitución regula la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los miembros del Ejecutivo. Consta de tres apartados:
- El primero determina que la responsabilidad penal del presidente y los ministros solo puede ser exigida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- El segundo, objeto de polémica tras las declaraciones de Vox, dispone que si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, debe ser planteada por al menos una cuarta parte de los miembros del Congreso (88 diputados) y aprobada por mayoría absoluta (176 diputados).
- El tercero excluye la posibilidad de indulto en estos supuestos.
En la práctica, esto significa que ninguna persona individual ni partido político puede presentar una denuncia por estos delitos directamente contra el Gobierno. Solo una iniciativa parlamentaria con un amplio respaldo puede poner en marcha el proceso.
Las complejidades de su aplicación
La reciente invocación de Vox para activar el 102.2 ha reavivado el debate sobre su viabilidad. Para iniciar el procedimiento, el partido necesitaría sumar el apoyo del Partido Popular (PP) para alcanzar el mínimo de diputados requeridos, y además, para lograr la mayoría absoluta, sería imprescindible el respaldo de otras formaciones políticas, como Junts per Catalunya. Por el momento, el PP no ha mostrado intención de apoyar tal iniciativa, lo que hace poco probable su puesta en marcha.
El catedrático en Derecho Constitucional Joaquín Urías señala que este mecanismo está pensado para situaciones «muy extraordinarias», como una actuación clara y grave en contra de los intereses nacionales —por ejemplo, un presidente favoreciendo activamente a una potencia enemiga en un conflicto bélico. En el caso de la reciente crisis de Ceuta, tanto Urías como la profesora Raquel Valle consideran que no se cumplen los presupuestos para aplicar este artículo, salvo una interpretación judicial muy amplia.
Precedentes históricos: de González a Aznar
Aunque nunca se ha activado, el artículo 102.2 ha sobrevolado diversas etapas de la política española. La primera ocasión registrada data de 1995, en pleno escándalo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuando se debatió si Felipe González debía ser juzgado por los delitos cometidos bajo su mandato. Finalmente, el Congreso descartó esa posibilidad.
En 1999, el protagonismo recayó en José María Aznar y la participación de España en la guerra de Yugoslavia. Un grupo de intelectuales presentó una querella ante el Tribunal Supremo, pero los tribunales señalaron que, de nuevo, era el Congreso quien debía decidir la apertura de un proceso de este calibre.
Situaciones similares se repitieron en 2004, con la guerra de Irak, y en 2021, cuando el Partido Popular acusó a Sánchez de traición en el contexto del procés y los indultos. En ambos casos, la iniciativa no prosperó en la Cámara Baja.
En 2023, Vox presentó una querella contra el Gobierno por conspiración para la rebelión, pese a que el Tribunal Supremo ya había descartado ese tipo penal en relación con los hechos del independentismo catalán de 2017. La falta de apoyos parlamentarios impidió activar el 102.2, y la querella fue inadmitida.
Un mecanismo de difícil activación
El elevado umbral de apoyos exigido y la necesidad de presentar pruebas sólidas sobre la comisión de delitos de extrema gravedad hacen que el artículo 102.2 sea una disposición reservada para escenarios excepcionales. La Mesa del Congreso, con mayoría progresista actualmente, podría rechazar la iniciativa en ausencia de indicios suficientemente fundados.
Expertos judiciales destacan que, a día de hoy, la posibilidad de una investigación penal al Gobierno bajo este artículo es remota. Sería necesario un cambio drástico en la composición y voluntad del Congreso para que pudiera prosperar.
Conclusión
El artículo 102.2 de la Constitución española representa una suerte de «impeachment» adaptado al sistema parlamentario español. Su activación requiere una amplia mayoría en el Congreso y evidencia de delitos de traición o atentado grave contra la seguridad del Estado. Hasta la fecha, ha sido objeto de debate en varias ocasiones, pero nunca ha llegado a aplicarse, lo que subraya tanto su carácter excepcional como las dificultades políticas y jurídicas que entraña su utilización.
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