Las cinco razones que esgrimen las víctimas de las residencias para denunciar por prevaricación a los ex altos cargos de Ayuso
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han impulsado una nueva fase judicial en la investigación sobre la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid. En esta etapa, han ampliado la denuncia colectiva en 60 procedimientos, centrando sus acusaciones no solo en la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, sino también en un posible delito de prevaricación administrativa por parte de ex altos cargos del Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.
Contexto de la denuncia
Los denunciantes alegan que varias decisiones tomadas en los primeros meses de la crisis sanitaria podrían encajar en el delito de prevaricación administrativa. Entre ellas figuran la ausencia de refuerzo médico en las residencias, la aprobación de protocolos que limitaron o dificultaron las derivaciones hospitalarias de los residentes enfermos y la restricción del acceso a recursos sanitarios. Según las familias afectadas, la investigación está revelando indicios de que los responsables eran conscientes de la ilegalidad de sus decisiones y de las graves consecuencias que estas podrían acarrear para los derechos fundamentales de los mayores.
¿En qué consiste el delito de prevaricación administrativa?
Para que exista prevaricación, la ley exige que una autoridad o funcionario adopte una resolución administrativa que sea manifiestamente contraria a la legalidad, sin posibilidad de justificación jurídica razonable, y que esta cause un resultado injusto. Además, debe demostrarse que el responsable conocía la ilegalidad de su decisión y actuó deliberadamente al margen del ordenamiento jurídico.
Cinco argumentos clave de la denuncia
En la ampliación de la denuncia, las víctimas de los 7.291 mayores fallecidos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid han articulado cinco razones principales para sostener la acusación de prevaricación contra los ex altos cargos. Estas son las más relevantes:
- Fracaso en la medicalización de residencias: Aunque la Comunidad de Madrid aprobó un plan para reforzar la atención médica en las residencias, este nunca se implementó de forma efectiva. Carlos Mur, uno de los altos cargos investigados, reconoció ante la jueza que solo se lograron contratar tres de los 186 médicos previstos, mientras que cientos de sanitarios sí fueron destinados a otros dispositivos excepcionales como el hospital de campaña de Ifema y hoteles medicalizados.
- Elaboración y aprobación de protocolos restrictivos: Los protocolos que regulaban las derivaciones hospitalarias fueron elaborados por un equipo multidisciplinar con la participación de cargos políticos y sanitarios. Las declaraciones de los responsables señalan que, aunque se intentó priorizar la atención médica en las residencias, finalmente se aprobaron directrices que dificultaron el traslado de pacientes a hospitales, afectando directamente a los residentes más vulnerables.
- Contradicciones en las declaraciones de los responsables: Existen diferencias notables entre las versiones de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo sobre la responsabilidad y el contenido de los protocolos. Mientras Peromingo sostiene que alertó sobre el carácter discriminatorio de los documentos, Mur afirma que solo los rubricó, aunque en correos internos no dejó constancia de discrepancias y avaló un endurecimiento de los criterios de derivación.
- Conocimiento de la problemática por parte de los responsables: Los correos electrónicos y mensajes internos prueban que los responsables políticos y sanitarios estaban al tanto de las limitaciones para reforzar las residencias y de las consecuencias de aplicar criterios restrictivos. El contenido de estos mensajes apunta a que la falta de recursos y la imposibilidad de medicalizar adecuadamente las residencias era conocida y, sin embargo, no se actuó en consecuencia.
- Advertencias internas previas: Se destaca que hubo advertencias reiteradas, como las del entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, sobre la discriminación y los riesgos de los protocolos implantados. Sin embargo, estas alertas no se tradujeron en cambios sustanciales en la estrategia adoptada.
Solicitudes de nuevas diligencias e investigación
La ampliación de la denuncia solicita la comparecencia como investigados de Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo, María Teresa Vidán (geriatra que participó en la redacción de los protocolos), Francisca García Lizana (médica intensivista colaboradora en los protocolos) y Antonio Burgueño (asesor sanitario y autor del plan de acción aprobado en marzo de 2020).
Asimismo, se pide que declaren como testigos varios altos cargos y responsables sanitarios de la época, entre ellos:
- Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad durante la pandemia
- Ana Dávila-Ponce de León, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria
- Manuel Ángel de la Puente, director general del Proceso Integrado de Salud
- Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales
- Javier Luengo, viceconsejero de Sanidad
- Begoña Cortés, directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia
- Juan Abarca, propietario del grupo HM Hospitales
Las acusaciones también reclaman a la Comunidad de Madrid la entrega de los correos electrónicos enviados y recibidos por los principales responsables durante marzo y abril de 2020, así como los mensajes del chat interno de la red de geriatras, para esclarecer cómo se tomaron las decisiones y qué información se manejaba en cada momento.
Perspectivas del proceso judicial
El avance en la investigación judicial sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en Madrid pone el foco en el análisis de las decisiones adoptadas por los responsables políticos y sanitarios, así como en la transparencia en la gestión de la crisis. Las familias y asociaciones de víctimas buscan esclarecer si las graves consecuencias sufridas por miles de mayores pudieron evitarse y si existieron responsabilidades penales derivadas de la gestión administrativa.
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