Asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia valoran positivamente el protocolo con el Gobierno, pero exigen mayor claridad en las indemnizaciones
Varias asociaciones de víctimas de pederastia en instituciones religiosas han aplaudido la reciente firma del protocolo entre el Gobierno español y la Iglesia católica, un acuerdo que consideran un avance significativo hacia la transparencia y la reparación de los supervivientes. Sin embargo, estas organizaciones reclaman mayor claridad y objetividad en los criterios para determinar las indemnizaciones, aspecto que aún genera inquietud entre las víctimas.
Reconocimiento al Defensor del Pueblo y avances en la Comisión Mixta
Tanto la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) como Justice Initiative España, AVA y Lulacris, han expresado su confianza en la labor de la Oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por Ángel Gabilondo, quien coordinará la aplicación del protocolo. “La creación de la Comisión Mixta, con representación de las asociaciones de víctimas, es un paso decisivo hacia la transparencia y la escucha activa”, señalaron los portavoces.
Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR, subrayó la cercanía y empatía mostradas por Gabilondo en el proceso: “Sabemos que el Defensor será un árbitro imparcial, y eso nos da confianza después de años de sentirnos desoídos”.
Preocupación por la falta de baremos claros en las indemnizaciones
A pesar del respaldo general al protocolo, las asociaciones han manifestado su preocupación por la ausencia de baremos y criterios precisos que permitan calcular las indemnizaciones de manera equitativa. Según Cuatrecasas, “la falta de transparencia en los baremos genera desconfianza y temor a posibles agravios comparativos”. Una opinión compartida por Mikel Eziolaza, portavoz de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), quien alertó sobre el riesgo de subjetividad en la valoración de los casos.
Ambos portavoces coincidieron en que el anterior Plan PRIVA, impulsado por la Iglesia, resultó caótico y arbitrario. Se dieron casos en los que, incluso dentro del mismo centro, las reparaciones económicas variaban considerablemente sin justificación clara. “Algunas indemnizaciones fueron cantidades ridículas y casi ofensivas”, lamentó Cuatrecasas. Las asociaciones esperan que el nuevo acuerdo, bajo el arbitraje del Defensor del Pueblo, aporte objetividad y un único estándar para todos los afectados.
Un paso necesario tras años de desacuerdos y retrasos
El acuerdo entre Gobierno e Iglesia llega tras prolongadas negociaciones y a escasos dos meses de la visita del papa a España, prevista para el mes de junio. Según las asociaciones, este pacto podría haberse alcanzado mucho antes, evitando la “revictimización” y la pérdida de recursos durante el proceso. “Durante este tiempo, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han invertido grandes cantidades de dinero y recursos para proteger su imagen, lo que ha contribuido a la revictimización de los supervivientes”, destacan en un comunicado conjunto.
Las organizaciones recuerdan que existieron acuerdos previos entre las víctimas y la Conferencia Episcopal que finalmente no se cumplieron. La institución decidió unilateralmente implementar el Plan PRIVA, dejando de lado los consensos alcanzados previamente.
Un modelo alineado con estándares europeos
Las asociaciones valoran que el nuevo protocolo recoja recomendaciones del Consejo de Europa y se inspire en el modelo suizo, considerado referencia en la reparación de injusticias históricas contra menores. Entre los aspectos destacados del acuerdo, señalan:
- Liderazgo de las víctimas: El sistema permitirá que las víctimas elijan entre el nuevo mecanismo mixto o el sistema previo, garantizando su autonomía en el proceso.
- Arbitraje del Defensor del Pueblo: En caso de desacuerdo, prevalecerá la valoración de la institución, lo que aporta imparcialidad y confianza al procedimiento.
- Garantía de cumplimiento: Se exige que la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos actúen como garantes finales, asegurando que ninguna víctima quede desprotegida ante la falta de respuesta de una diócesis o instituto concreto.
Expectativas de reparación digna y ágil
Las asociaciones de víctimas insisten en que no descansarán hasta que la reparación, ya sea simbólica, restaurativa o económica, llegue a cada superviviente de manera digna y efectiva. Consideran que el protocolo firmado dota de herramientas tangibles al acuerdo alcanzado en enero de este año y abre una vía de justicia, especialmente para aquellos casos en los que la vía judicial ya no es posible.
A pesar de los avances, las organizaciones vigilarán de cerca el desarrollo de los próximos pasos y continuarán exigiendo transparencia, objetividad y una reparación efectiva para todas las víctimas de pederastia en la Iglesia española.
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