Petróleo antes que urnas: Trump consolida una alianza clave con Delcy Rodríguez y margina a la oposición venezolana
A pocos meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos y en medio de la escalada del precio del crudo por el conflicto con Irán, la Administración de Donald Trump ha anunciado un acuerdo histórico que otorga a empresas estadounidenses el control mayoritario sobre 17 campos petroleros en Venezuela, con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles. Este pacto, celebrado como el «mayor acuerdo petrolero de la historia mundial» por el propio Trump el pasado 28 de agosto, ha generado un profundo desconcierto en la oposición venezolana y ha despertado críticas desde diferentes sectores, incluyendo el chavismo más ortodoxo.
- Petróleo antes que urnas: Trump consolida una alianza clave con Delcy Rodríguez y margina a la oposición venezolana
- Un acuerdo rodeado de opacidad y versiones contradictorias
- Reformas legales y levantamiento gradual de sanciones
- Retos de producción y plazos dilatados
- Estabilidad política, una condición clave
- Intereses electorales en Estados Unidos
- La oposición venezolana, marginada y silente
- El chavismo ortodoxo también cuestiona el acuerdo
- Perspectivas y fases del plan estadounidense
Un acuerdo rodeado de opacidad y versiones contradictorias
El anuncio, realizado por Trump a través de su plataforma Truth Social, ha dejado en evidencia la falta de transparencia en torno a los detalles del pacto. Mientras fuentes oficiales estadounidenses aseguraron a medios como CNN y CBS que el acuerdo contempla una concesión de 100 años para la explotación de los yacimientos, con Estados Unidos controlando el 55% de una empresa conjunta privada, la presidenta venezolana Delcy Rodríguez ofreció una versión distinta en una alocución televisada.
Según Rodríguez, el convenio tiene una vigencia de 25 años, cubre 17 campos y ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco, estableciendo metas de producción superiores a 1,5 millones de barriles diarios. Además, detalló regalías mínimas del 16% e impuestos sobre la renta del 34%, asegurando que Venezuela mantendrá la propiedad y soberanía sobre sus recursos. Calculó que, con una inversión privada de 100.000 millones de dólares y un precio de 65 dólares por barril, el país recibiría beneficios superiores a 209.000 millones de dólares.
Reformas legales y levantamiento gradual de sanciones
El terreno para este acuerdo comenzó a prepararse tras la caída y secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En las semanas posteriores, la Asamblea Nacional venezolana, bajo control chavista, aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió la puerta al capital extranjero. Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. fue levantando las restricciones para la operación de petroleras extranjeras en Venezuela, permitiendo la entrada de gigantes como BP, Shell, Eni, Repsol y Maurel & Prom, sumándose a Chevron, que ya operaba en el país.
Retos de producción y plazos dilatados
A pesar del anuncio, la producción petrolera venezolana no experimentará un incremento inmediato. Los 17 campos incluidos en el acuerdo comprenden yacimientos que actualmente están abandonados o apenas activos, tras años de sanciones y falta de inversión que han deteriorado gravemente la infraestructura petrolera. Chevron, único operador extranjero que ha mantenido actividad continua, aumentó su producción a 280.000 barriles diarios en julio, pero no prevé cambios significativos antes de 2028. La producción nacional, que en los años noventa superaba los 3,4 millones de barriles diarios, apenas alcanzó 1,18 millones en junio de este año.
Estabilidad política, una condición clave
La ejecución efectiva del acuerdo requiere una estabilidad institucional que, por ahora, está garantizada por el oficialismo venezolano. Cualquier alteración política, como una convocatoria electoral desordenada o un cambio de interlocutor en el Palacio de Miraflores, podría poner en riesgo la viabilidad del pacto. Este escenario parece justificar la cautela con la que la Casa Blanca administra el calendario político venezolano, priorizando la estabilidad para asegurar el suministro de crudo.
Intereses electorales en Estados Unidos
Para Trump, el acuerdo petrolero con Venezuela tiene claros objetivos inmediatos de política interna. Con la economía como flanco vulnerable de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, la administración busca estabilizar los precios de la gasolina, que ya superan los cuatro dólares por galón, y reforzar la Reserva Estratégica de Petróleo, actualmente en su nivel más bajo en 44 años. La guerra con Irán y los recientes ataques militares en la región han disparado el precio del petróleo, impactando directamente en el bolsillo del consumidor estadounidense.
La oposición venezolana, marginada y silente
El mayor acuerdo petrolero de la historia venezolana se ha producido sin la participación ni el respaldo explícito de las principales figuras de la oposición. Ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, ambos excluidos de la mesa de negociación, han emitido declaraciones públicas al respecto. La reciente ronda de diálogo entre gobierno y oposición, auspiciada por la administración Trump en Caracas, solo alcanzó acuerdos parciales sobre la renovación del Tribunal Supremo, la reclamación del oro retenido en el Banco de Inglaterra y la excarcelación de presos políticos, sin abordar el calendario electoral ni la composición del Consejo Nacional Electoral.
- Dinorah Figuera, designada por Washington para liderar la delegación opositora, anunció que las negociaciones podrían reanudarse a partir del 15 de septiembre.
- Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, advirtió que el acuerdo será «un rascacielos con pilares de barro» mientras el chavismo administre los ingresos.
- Henrique Capriles cuestionó públicamente qué beneficios concretos obtendrán los venezolanos.
Incluso en el exilio antichavista de Miami, la incomodidad es palpable. La congresista republicana María Elvira Salazar primero criticó el pacto y luego celebró el acuerdo tras eliminar su mensaje inicial en redes sociales.
El chavismo ortodoxo también cuestiona el acuerdo
Dentro del propio oficialismo, las posturas no son monolíticas. Aunque el PSUV emitió un comunicado de respaldo a Delcy Rodríguez, figuras como Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, calificaron de inconstitucional el pacto y lo compararon con la administración estadounidense del petróleo iraquí tras la invasión de 2003. Otros referentes del chavismo originario, como Elías Jaua y Oswaldo Rivero, han rechazado el acuerdo, denunciando una supuesta «ocupación yanqui» y convocando a protestas.
Perspectivas y fases del plan estadounidense
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostiene que la estrategia hacia Venezuela contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición. El acuerdo petrolero, enmarcado en la fase de recuperación, prolonga la transición política en tanto la inversión no se materialice y los campos no produzcan resultados tangibles. Por ahora, la urgencia de un cambio estructural parece postergada, mientras Washington prioriza la seguridad energética y la contención de precios de combustible en su propio territorio.
El futuro del mayor acuerdo petrolero en la historia de Venezuela dependerá tanto de la estabilidad política local como del desarrollo de los mercados energéticos y de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, en un contexto internacional cada vez más volátil y polarizado.
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