Trump prioriza la lucha contra grupos antifascistas en su nueva estrategia antiterrorista
La administración de Donald Trump ha presentado esta semana una nueva estrategia nacional de contraterrorismo que sitúa a los movimientos antifascistas y otros grupos de izquierda como una de las principales amenazas a la seguridad del país, equiparándolos en importancia con organizaciones terroristas como Al-Qaeda.
Redefinición de la amenaza terrorista
El plan, plasmado en un documento de 16 páginas, amplía la definición tradicional de terrorismo doméstico en Estados Unidos. Por primera vez, se otorga prioridad a la identificación y neutralización de «grupos políticos seculares violentos cuya ideología sea antiamericana, radicalmente a favor de los derechos transgénero y anarquista». Esta postura supone un cambio significativo respecto a la política contraterrorista adoptada tras los atentados del 11 de septiembre, centrada hasta ahora en grupos islamistas.
Mediante una definición amplia y poco precisa de lo que se considera “antifa”, la Casa Blanca se reserva la posibilidad de tratar cualquier actividad vinculada a la izquierda como una amenaza terrorista. El plan señala que se utilizarán «todas las herramientas constitucionalmente disponibles» para identificar a miembros, rastrear vínculos internacionales y debilitar operativamente a estos grupos antes de que puedan cometer actos violentos.
Preocupaciones sobre derechos civiles y vigilancia
La estrategia ha despertado serias preocupaciones entre organizaciones de defensa de derechos civiles y expertos jurídicos. Xavier de Janon, miembro del National Lawyers Guild (NLG), advierte que el plan establece un marco de actuación policial basado en la prevención de delitos, permitiendo la vigilancia e investigación incluso antes de que se produzcan protestas o manifestaciones. Según De Janon, esto podría justificar el monitoreo de personas por el simple hecho de reunirse, debatir o intercambiar ideas políticas.
Todd Huntley, director del programa de Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown, coincide en que la ambigüedad de los términos empleados podría derivar en una vigilancia arbitraria. «Las categorías de extremistas violentos de izquierda, anarquistas y antifascistas están tan abiertas y mal definidas que básicamente dependerá de quiénes sean considerados una amenaza por las autoridades», señala Huntley.
Ambos expertos comparan la situación actual con la época del macartismo, cuando el gobierno de Estados Unidos persiguió activamente a grupos comunistas. Sin embargo, advierten que las herramientas tecnológicas actuales facilitan una vigilancia mucho más intrusiva, incluyendo la interceptación de comunicaciones y el acceso a información privada a través de empresas tecnológicas.
Riesgo de instrumentalización de la maquinaria antiterrorista
Huntley también expresa preocupación por el posible uso de la infraestructura de vigilancia y las leyes antiterroristas creadas tras el 11-S para perseguir a grupos nacionales bajo la etiqueta de «extremismo de izquierda». Entre estas herramientas, destaca la vigilancia electrónica amparada por la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y el eventual uso de la fuerza. «Esto recuerda a épocas en las que dictaduras tachaban de terrorista a cualquier oposición para justificar la represión», añade.
Aplicación práctica y antecedentes recientes
El uso de tecnologías de rastreo y análisis de datos, como las empleadas por la empresa Palantir, ya se está extendiendo en operaciones policiales y campañas de deportación. De Janon alerta que las medidas propuestas en el plan antiterrorista ya se están aplicando en la práctica. Como ejemplo, menciona la condena de nueve personas en Texas, acusadas de pertenecer a una «célula antifascista» tras una protesta que terminó en un tiroteo frente a un centro de detención de inmigrantes.
La persecución no solo afecta a individuos: organizaciones como el National Lawyers Guild han sido objeto de investigaciones impulsadas por miembros del Congreso. En octubre pasado, el congresista republicano Lance Good solicitó al Departamento de Justicia investigar al NLG por brindar defensa legal a activistas de izquierda, señalando a la organización como supuesta aliada de movimientos antifascistas.
Precedentes históricos y nuevos focos de atención
El National Lawyers Guild, fundado en la década de 1930, ya fue blanco de investigaciones durante la era del macartismo, acusado de operar como frente comunista por su labor en defensa de activistas progresistas. También el Southern Poverty Law Center (SPLC), organización clave en la lucha contra el supremacismo blanco y el seguimiento de grupos de odio, enfrenta ahora investigaciones por parte del Departamento de Justicia.
Resistencia y movilización social
A pesar del endurecimiento de la política gubernamental, De Janon destaca que el clima de protesta y movilización social en Estados Unidos se encuentra en niveles históricos. «Las marchas y manifestaciones están convocando a cientos de miles de personas, algo poco habitual en este país», afirma el activista, subrayando que existe una creciente movilización frente al retroceso de derechos civiles y libertades políticas.
- La estrategia antiterrorista de Trump amplía la definición de terrorismo doméstico para incluir a movimientos de izquierda.
- Organizaciones de derechos civiles advierten sobre riesgos para la privacidad y la libertad de expresión.
- Expertos temen el uso de herramientas de vigilancia avanzadas y la instrumentalización política de la lucha antiterrorista.
- La movilización social y las protestas continúan en aumento frente a estas medidas.
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