Trabajo pide investigar al Gobierno de Mazón por anulación de sanciones laborales durante la DANA
El Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Fiscalía que investigue la decisión del Gobierno de la Generalitat Valenciana, bajo la gestión del expresidente Carlos Mazón, de anular varias sanciones laborales impuestas a empresas tras los graves incidentes ocurridos durante la DANA del 29 de octubre de 2024. El ministerio apunta a una posible prevaricación administrativa, al considerar que la medida pudo haberse adoptado «de forma consciente» para eximir a las empresas responsables de infracciones en materia de seguridad laboral.
Antecedentes de las sanciones anuladas
Según fuentes ministeriales, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de València había sancionado a diversas empresas por no implementar medidas de prevención necesarias para proteger a sus trabajadores durante la DANA, lo que derivó en situaciones de riesgo grave. En uno de los casos investigados, la ausencia de estas medidas preventivas resultó en el fallecimiento de un empleado.
Los expedientes reflejaban, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, una clara falta de actuación por parte de las empresas para garantizar la seguridad e integridad física de sus plantillas, lo que llevó a la imposición de multas por parte de la Inspección.
Decisión de la Generalitat y reacción de Trabajo
Sin embargo, la autoridad laboral valenciana procedió a anular estas sanciones, una decisión que Trabajo califica de «totalmente injustificada». Según el ministerio, la revocación de las multas evitó deliberadamente que las empresas respondieran por los hechos graves detectados por los inspectores.
El Ministerio de Trabajo considera que esta actuación podría ser «arbitraria y eventualmente delictiva», motivo por el cual ha trasladado los hechos a la Fiscalía para que determine si existen indicios de delito de prevaricación administrativa.
Implicaciones legales y laborales
- Las sanciones anuladas estaban relacionadas con accidentes laborales y riesgos graves sufridos por trabajadores durante un episodio meteorológico extremo.
- El caso pone el foco en la responsabilidad de las autoridades autonómicas en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- La investigación determinará si la decisión de anulación supuso un trato de favor injustificado hacia las empresas implicadas.
Este asunto reabre el debate sobre la seguridad en el trabajo, especialmente en situaciones de emergencia climática, y sobre el papel de las administraciones públicas en la protección efectiva de los derechos laborales.
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