Los ministros de Sumar piden una movilización social para que la ciudadanía haga oír su voz en el Congreso
Este martes, el Gobierno ha aprobado dos nuevos Reales Decretos-ley en materia de vivienda, impulsados por lo que se ha calificado como una “histórica movilización popular”. La aprobación llega tras intensas negociaciones entre las dos principales fuerzas del Ejecutivo, que han destacado la importancia de la presión social en la consecución del acuerdo.
Sumar reivindica el papel de la movilización ciudadana
Mientras la ministra de Vivienda presentaba los detalles del acuerdo desde La Moncloa, los cinco ministros de Sumar —Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Yolanda Díaz, Mónica García y Sira Rego— ofrecían simultáneamente una comparecencia desde el Ministerio de Trabajo. En ella, enfatizaron que los nuevos decretos suponen “un primer paso” en la defensa del derecho a la vivienda y llamaron a una “intensa movilización social” para que “la voz de la ciudadanía” se haga sentir este viernes en el Congreso de los Diputados, durante la votación de ambas medidas.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, abrió la intervención agradeciendo el impulso de la movilización popular, señalando que la mayoría de las propuestas planteadas por Sumar se han incorporado a los textos legislativos finalmente acordados.
Principales medidas de los nuevos decretos
Los dos decretos aprobados incluyen una serie de medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y a limitar la especulación inmobiliaria. Entre las disposiciones más destacadas figuran:
- Prórroga de contratos de alquiler: Extensión por dos años de todos los contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2028, beneficiando a más de cinco millones de personas, incluyendo un millón de menores.
- Protección frente a desahucios: Refuerzo de las medidas contra los desalojos hasta 2030.
- Bloqueo a la compra especulativa: Prohibición de adquisiciones por parte de fondos de inversión hasta 2028.
- Regulación de alquileres de temporada y habitaciones: Adaptación de la conocida como Ley Antiestafas Inquilina para proteger a los arrendatarios temporales.
- Sanciones a pisos turísticos ilegales: Nuevo régimen sancionador para combatir la oferta no regulada.
- Congelación de alquileres elevados: Los contratos con precios superiores a los índices oficiales verán congelada la renta al 0%.
Cabe destacar que estos decretos no incluyen la polémica reforma de la Ley del Suelo, un aspecto valorado positivamente por Sumar.
Renovación automática de contratos de alquiler
El segundo decreto introduce la renovación automática de los contratos de alquiler: cinco años para los acuerdos con personas físicas y siete años para los contratos con entidades jurídicas. Según Bustinduy, esta medida representa una “revolución” en las políticas de vivienda, acercando a España al modelo de alquiler indefinido.
Aunque Sumar reconoce que no comparte ciertos aspectos del acuerdo, como las bonificaciones fiscales o la limitación temporal de algunas medidas, destaca que la mayoría de las disposiciones están diseñadas para beneficiar a los inquilinos.
Presión al resto del Parlamento y debate social
Con el acuerdo consolidado entre las dos principales ramas del Ejecutivo, Sumar ha instado al resto de grupos parlamentarios, en especial a Junts, a respaldar estas medidas. “Quien se oponga al clamor social tendrá un destino político muy delicado”, advirtió Bustinduy, subrayando que el debate del viernes en el Congreso girará en torno a cuestiones clave como frenar los desahucios, limitar la acción de los fondos buitre, proteger a la infancia y garantizar una vida digna.
“El debate será transparente y quedará claro quiénes apoyan a las familias y quiénes a la especulación”, sentenció el ministro. “Está en juego un alivio inmediato para millones de familias en España”.
Perspectivas para el pleno extraordinario
La convocatoria a la movilización social se presenta como un elemento central en la estrategia de Sumar para asegurar el respaldo parlamentario a estos decretos. El pleno extraordinario de este viernes en el Congreso de los Diputados será decisivo para el futuro de estas medidas, consideradas por sus promotores como un avance fundamental en la protección del derecho a la vivienda y en la lucha contra la especulación inmobiliaria.
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