Sumar denuncia ante el Defensor del Pueblo la negativa del PP a acoger menores migrantes

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Movimiento Sumar denuncia ante el Defensor del Pueblo la negativa de comunidades del PP a acoger menores migrantes

Movimiento Sumar ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo solicitando una investigación de oficio sobre la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta. La formación política solicita a la institución liderada por Ángel Gabilondo que, además de investigar, recuerde a las comunidades sus obligaciones legales de acogida y redistribución solidaria.

Colapso del sistema de protección en Ceuta

Según el documento presentado, Ceuta atraviesa una grave situación tras el cruce masivo de menores migrantes ocurrido los días 30 y 31 de julio. Actualmente, la ciudad autónoma tiene bajo su tutela a 2.383 menores, mientras que cuenta únicamente con 29 plazas ordinarias de acogida. Movimiento Sumar advierte que el sistema de protección ceutí se encuentra «colapsado» y que la falta de colaboración de otras comunidades autónomas agrava la crisis humanitaria.

Bloqueo en la redistribución de menores

A casi dos meses desde el inicio de la crisis, el traslado de menores migrantes a otras regiones permanece prácticamente bloqueado. De acuerdo con Movimiento Sumar, solo Navarra ha accedido a acoger un primer grupo de cinco niñas, mediante un acuerdo bilateral específico con Ceuta. El resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular mantienen su negativa a participar en cualquier proceso de acogida, incluyendo aquellos previstos en el Artículo 35 de la Ley de Extranjería, según han señalado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

El Gobierno califica esta postura como un «auténtico boicot» al proceso de redistribución solidaria de menores. Durante la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el 27 de agosto, las once comunidades autónomas lideradas por el PP rechazaron incluso debatir sobre la posible atención y acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta.

Recortes y diferencias en la atención a menores

El Gobierno de Aragón ha sido señalado especialmente por Movimiento Sumar, tras haber eliminado a finales de julio las ayudas destinadas a menores extranjeros tutelados. Estas ayudas, consistentes en una asignación semanal de 17 euros, continúan recibiéndolas los menores españoles bajo la misma tutela. Además, Aragón, Extremadura y Castilla y León, comunidades gobernadas en coalición con Vox, se negaron a asistir a la Conferencia Sectorial y amenazaron con recurrir judicialmente cualquier expediente de menores que no implique su retorno a Marruecos.

Movimiento Sumar considera estas acciones un «incumplimiento del deber de lealtad institucional y cooperación», e insta al Defensor del Pueblo a intervenir.

Solicitudes concretas al Defensor del Pueblo

  • Apertura de una investigación para esclarecer las causas del incumplimiento de las obligaciones de acogida por parte de las comunidades autónomas.
  • Requerimiento de información tanto a las comunidades implicadas como al propio Ministerio de Juventud e Infancia.
  • Recordatorio formal a los gobiernos autonómicos de sus deberes legales en materia de acogida y redistribución de menores.
  • Análisis del impacto que este incumplimiento está teniendo sobre el interés superior de los menores afectados, especialmente los que permanecen en Ceuta.
  • Pronunciamiento específico sobre la eliminación de ayudas a menores migrantes en Aragón.
  • Elaboración de un informe extraordinario para las Cortes Generales y seguimiento periódico de la situación hasta su completa resolución.

Contexto y perspectivas

El conflicto en torno a la acogida de menores migrantes en España se intensifica, con la administración central y algunas comunidades autónomas reclamando mayor solidaridad territorial. La posición de las regiones gobernadas por el PP y la supresión de ayudas en Aragón han reavivado el debate sobre la responsabilidad institucional y la protección de los derechos fundamentales de la infancia migrante.

El Defensor del Pueblo deberá analizar ahora las reclamaciones presentadas y decidir si emprende acciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los menores en situación de vulnerabilidad.

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