Socios de Aldama niegan conocimiento de comisiones en contratos de mascarillas
Dos empresarios relacionados con el comisionista Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, han declarado ante la Audiencia Nacional como investigados en el marco del conocido caso Koldo, negando haber conocido o pagado comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos para el suministro de mascarillas durante la pandemia.
Declaraciones voluntarias ante la Audiencia Nacional
Ambos comparecieron de forma voluntaria ante el magistrado Ismael Moreno, quien dirige las investigaciones pendientes del caso tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. En dicha sentencia, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a 24 años de prisión por su implicación en los hechos, mientras que Víctor de Aldama recibió una condena de cuatro años y medio, cuya ejecución fue suspendida debido a su colaboración con la justicia.
Confesiones y contradicciones en el proceso
Dentro de su colaboración con las autoridades, Víctor de Aldama reconoció el pago de comisiones y el tribunal consideró probado que recibió un total de 6,6 millones de euros por parte de la empresa Soluciones de Gestión. Estas comisiones, según la sentencia, se destinaron a asegurar la obtención de contratos de suministro de mascarillas para organismos públicos como Puertos del Estado y Adif, por importes de 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente.
No obstante, tanto Íñigo Rotaeche, administrador único de Soluciones de Gestión, como Juan Carlos Cueto, señalado por los investigadores como la persona que realmente controlaba la empresa, negaron tajantemente ante la Fiscalía y sus respectivas defensas haber tenido conocimiento de estos pagos. Según fuentes jurídicas, ambos insistieron en que únicamente aceptaron una propuesta de negocio impulsada por Víctor de Aldama y presentaron ofertas que resultaron adjudicatarias, sin estar al tanto de ninguna comisión.
Cuestiones sobre las fechas y la documentación
Durante sus declaraciones, los empresarios atribuyeron a un error de otro investigado, José Ángel Escorial, la existencia de contratos con fecha anterior a la orden ministerial que posibilitó la adjudicación. Específicamente, se refirieron a contratos fechados el 16 de marzo de 2020 entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto, cuando la orden ministerial se emitió el 20 de marzo.
Para aclarar esta discrepancia, Cueto solicitó aportar un informe pericial que verificara las fechas reales de los contratos, aunque el juez denegó esta posibilidad en la fase actual del procedimiento.
Detalles sobre la presentación de ofertas
Según las fuentes consultadas, la oferta presentada por Soluciones de Gestión para Puertos del Estado se entregó en mano el 19 de marzo de 2020, en las inmediaciones del Ministerio de Transportes, por parte de Cueto y de Víctor de Aldama. Este detalle fue expuesto para reforzar la versión de los empresarios y desvincularse del conocimiento o participación en el pago de comisiones.
Cueto niega control de Soluciones de Gestión
Por otro lado, Juan Carlos Cueto rechazó ser la persona que controlaba realmente Soluciones de Gestión, como sostienen los investigadores, y explicó que su empresa únicamente prestaba servicios logísticos, compartiendo sede con Soluciones de Gestión por tratarse de un espacio de trabajo común.
Avances en la investigación judicial
Con estas declaraciones, el juez Ismael Moreno avanza en la investigación de esta rama del caso Koldo. Paralelamente, mantiene abiertas otras dos líneas de investigación: una sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública, en la que figura como investigado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y otra centrada en el sistema de pagos en efectivo del partido, cuyo contenido permanece bajo secreto de sumario.
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