Sidenor exportó acero a una empresa armamentística israelí durante la ofensiva en Gaza
La empresa metalúrgica Sidenor, con sede en Basauri (Vizcaya), se encuentra bajo investigación judicial tras conocerse que en 2024 exportó acero a IMI Systems, filial de Elbit Systems, una de las principales proveedoras de armas del Ejército de Israel. Estas operaciones comerciales coincidieron con los ataques israelíes en la Franja de Gaza.
Investigación judicial y registros en la planta de Basauri
El hallazgo de estas exportaciones se produjo durante un registro policial realizado el pasado 10 de febrero en la planta de Sidenor, ordenado por la Audiencia Nacional. La investigación, dirigida por el juez Francisco de Jorge, se centra en esclarecer si tres directivos de la empresa incurrieron en delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad.
Según los documentos judiciales, Sidenor vendió acero en 2024 a IMI Systems, que fabrica obuses para el Ejército israelí. El material se destinó específicamente a la construcción de piezas de artillería, según se desprende de correos electrónicos internos encontrados durante el registro. Entre estos documentos figura una tabla detallando las exportaciones de 2024, en la que aparece la empresa israelí IMI Systems junto a la palabra “obuses”, así como referencias a Israel Weapon Industries, aunque sin especificar el uso final del acero.
Origen de la denuncia y proceso penal
El procedimiento judicial comenzó tras una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya, que se personó como acusación popular en representación de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”. La querella sostiene que este caso es pionero en España al vincular la exportación industrial con delitos contra la comunidad internacional, y abre la puerta a la responsabilidad penal de la empresa por suministrar materiales usados en la fabricación de armamento durante el conflicto en Gaza.
La documentación judicial también recoge una exportación similar a IMI Systems en 2023, aunque no ofrece detalles adicionales sobre ese envío. Los promotores de la querella subrayan que, de confirmarse que las exportaciones se realizaron sin la autorización de la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), los hechos podrían calificarse como delito de contrabando.
Actuación de la Fiscalía y controversias procesales
Durante el proceso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso tanto al registro en la sede de Sidenor como a la comparecencia en el procedimiento de una persona palestina desplazada por el conflicto, que actualmente reside en España como solicitante de asilo. Los promotores de la querella consideran inadmisible que se impida el testimonio directo de víctimas del conflicto, especialmente en un contexto donde se investigan posibles delitos de genocidio o lesa humanidad.
Está previsto que el próximo 2 de marzo declare, en calidad de víctima, una persona palestina residente en España, lo que podría ser clave para la instrucción del caso. Según la acusación popular, la intervención de víctimas es fundamental para la persecución penal de este tipo de delitos en el marco jurídico español.
Respuesta de Sidenor y defensa de la empresa
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, compareció ante el juzgado y defendió que la exportación a IMI Systems fue gestionada a través de la delegación de la empresa en Londres. Jainaga argumentó que la operación no requería autorización previa de la JIMDDU, ya que el acero vendido no está catalogado como material sujeto a control especial según la normativa vigente.
El directivo también afirmó que la exportación se realizó antes de la entrada en vigor del embargo de armas a Israel decretado por el Gobierno español y que, en todo caso, desconocía el uso final que tendría el acero suministrado. Añadió que, tras el embargo, Sidenor decidió cesar la venta de sus productos a empresas israelíes.
Exigencias de la acusación y repercusiones políticas
- La campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” exige que Sidenor sea excluida de cualquier proceso de contratación pública y de la concesión de subvenciones hasta que se esclarezca su grado de implicación en los hechos investigados.
- También reclama que la Fiscalía del Tribunal Supremo asuma la investigación de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio relacionados con el conflicto palestino.
La investigación continúa bajo secreto de sumario, a la espera de nuevas declaraciones y de la revisión de la documentación incautada. El caso Sidenor representa un precedente relevante en el control de las exportaciones industriales y su posible vinculación con crímenes internacionales, en un contexto de creciente preocupación por el comercio de materiales de uso militar durante conflictos armados.
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