Los servicios secretos alertaron sobre posibles ataques armados antes del golpe del 23-F
Trece días antes del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F, los servicios secretos españoles ya contemplaban la posibilidad de un ataque armado contra los principales centros del poder. Así lo revela un informe desclasificado del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), que recoge las principales amenazas internas percibidas por el Estado en aquel periodo de gran inestabilidad política.
- Los servicios secretos alertaron sobre posibles ataques armados antes del golpe del 23-F
- Advertencia temprana a la cúpula militar
- Hipótesis sobre posibles vías involucionistas
- Escenarios de desestabilización y reacción militar
- Vulnerabilidad del sistema democrático y amenazas latentes
- Acción psicológica y manipulación social
- Creación de fuerzas clandestinas y paramilitares
- Conclusión
Advertencia temprana a la cúpula militar
El documento, firmado por Narciso Carreras Matas, director accidental del CESID, fue presentado a la Junta de Jefes de Estado Mayor (PREJUJEM), presidida entonces por Ignacio Alfaro Arregui. Fechado el 9 de marzo de 1981 pero elaborado el 10 de febrero, apenas dos semanas antes de que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpiera armado en el Congreso de los Diputados, el informe ya consideraba probable un ataque a las instituciones por parte de “núcleos armados apoyados por sectores radicales”.
Hipótesis sobre posibles vías involucionistas
El informe del CESID identificaba tres escenarios involucionistas considerados como los más probables en ese momento:
- Ataque armado a los centros del poder: Un asalto directo, como el que finalmente se produjo durante el golpe del 23-F.
- Presión institucional de las Fuerzas Armadas: Maniobras de presión sobre los poderes públicos que podrían desembocar en una ruptura constitucional.
- Acción de un grupo reducido con apoyo de sectores significativos: Una intervención limitada pero con respaldo o aquiescencia pasiva de actores influyentes.
Según el CESID, las dos primeras hipótesis podrían activarse en respuesta a un atentado terrorista de gran impacto o como reacción ante decisiones políticas relacionadas con el separatismo. La tercera opción se relacionaba con escenarios de desórdenes públicos y amenazas revolucionarias tras una grave crisis económica.
Escenarios de desestabilización y reacción militar
El informe contemplaba que, en caso de un atentado terrorista especialmente grave contra las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad del Estado, un núcleo de profesionales previamente organizados en una estructura clandestina podría intentar tomar por sorpresa los centros de poder y comunicación, con el apoyo de sectores político-económicos radicales.
Si este golpe tuviera éxito y generara una respuesta de solidaridad o pasividad en el resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la salida política sería “muy radical” y podría provocar importantes tensiones sociales.
Otra posibilidad analizada era la presión militar sobre el poder político. De fracasar, esta situación podría desembocar en una crisis profunda y en la instauración de una nueva Constitución presidencialista, sin la presencia de la Corona y bajo control militar durante un periodo transitorio.
La última hipótesis, de desarrollo más prolongado, prevé que tras una crisis económica severa, el Ejército tomara el poder con respaldo social suficiente, manteniéndose en el control del Estado durante al menos dos a cinco años.
Vulnerabilidad del sistema democrático y amenazas latentes
El informe semestral sobre la amenaza interior advertía que el proceso de consolidación democrática en España presentaba “una especial vulnerabilidad, susceptible de ser explotada”. Entre los factores de inestabilidad señalados figuraban el terrorismo, la interpretación abusiva de los estatutos autonómicos y los problemas derivados de la crisis económica.
El CESID concluía que existía una amenaza interna latente y que debían considerarse escenarios de acciones involucionistas, ya fuera mediante maniobras políticas extraconstitucionales respaldadas por militares o mediante acciones armadas limitadas.
Acción psicológica y manipulación social
Según los servicios secretos, cualquier proyecto involutivo requería una acción psicológica coordinada para preparar el terreno social. El informe destacaba que entre las tácticas para aumentar la tensión social estaban la preparación de grupos terroristas, manifestaciones violentas y campañas mediáticas encaminadas a generar apoyo popular para una solución militar.
Además, el CESID no descartaba la implicación de grupos como el Batallón Vasco Español, la organización de manifestaciones violentas, la publicación de determinados artículos de prensa y presiones para situar a personas afines en puestos clave como parte de esta estrategia.
Creación de fuerzas clandestinas y paramilitares
La preocupación esencial, según el CESID, era la aparición de elementos de fuerza capaces de conquistar el poder. El informe recogía la existencia de gestiones para organizar compromisos clandestinos entre profesionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como la creación de grupos paramilitares de civiles armados, apoyados en antiguos somatenes, guardas jurados o mediante el acceso a armas por parte de agrupaciones políticas o culturales.
Conclusión
La desclasificación de este informe revela que los servicios secretos españoles ya manejaban, días antes del 23-F, escenarios que anticipaban un intento de golpe de Estado como el que finalmente tuvo lugar. La percepción de una amenaza interna y la identificación de factores de inestabilidad dan cuenta del clima de tensión y las debilidades del sistema democrático español en los primeros años de la Transición.
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