Falta de investigación sobre posibles fraudes en los contratos menores de la Sanidad madrileña
Durante los últimos siete años, el colectivo ciudadano Audita Sanidad ha denunciado reiteradamente las presuntas malas prácticas en la adjudicación de contratos menores en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a pesar de su persistencia y de los informes presentados a diversas instituciones, ningún organismo público ha iniciado una investigación formal sobre el posible fraude de ley en estos procedimientos.
Los contratos menores: una vía para eludir la transparencia
En España, los contratos menores son aquellos cuyo importe es inferior a 15.000 euros (sin IVA) en el caso de suministros y servicios, o a 40.000 euros (sin IVA) cuando se trata de obras. Bajo estos umbrales, no es necesario someter los contratos a un proceso de licitación pública, lo que permite su adjudicación directa y reduce notablemente los requisitos de publicidad y concurrencia.
Esta flexibilidad resulta atractiva para las administraciones, ya que agiliza los trámites, pero también abre la puerta a la opacidad y al abuso. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la ausencia de competencia en la contratación pública puede incrementar los costes hasta en un 25%, replicando las cifras de Transparencia Internacional sobre el impacto económico de la corrupción en este ámbito.
Advertencias ignoradas por las instituciones
Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la CNMC han advertido sobre los riesgos asociados a la utilización abusiva de los contratos menores. La celebración ilegal de contratos adjudicados directamente se considera una de las infracciones más graves en materia de contratación pública.
No obstante, ninguna de las instituciones responsables —Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de Madrid, Defensor del Pueblo u Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon)— ha impulsado una investigación sobre el uso sistemático y presuntamente fraudulento de estos contratos en la sanidad madrileña.
- La Fiscalía Anticorrupción desestimó la denuncia de Audita Sanidad por falta de indicios penales claros.
- El Tribunal de Cuentas solicitó a los denunciantes que calcularan el perjuicio económico, invirtiendo la carga de la prueba.
- La Cámara de Cuentas autonómica solo actúa de oficio o a petición de la Asamblea de Madrid, no de terceros.
- La OIReScon pidió expedientes concretos y derivó la cuestión a la Cámara de Cuentas.
Fraccionamiento y abuso: el patrón repetido
El fraccionamiento de contratos, una práctica que consiste en dividir artificialmente los servicios o suministros para mantener los importes por debajo de los límites legales, constituye un fraude de ley. Sin embargo, los informes de las distintas Intervenciones Generales suelen limitarse a advertencias formales, sin que se traduzcan en cambios efectivos en la gestión hospitalaria.
Un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reveló que el 68,6% de las compras hospitalarias de medicamentos en España se realizaba mediante contratos menores o compras directas, cifra que ascendía al 71,5% en Madrid y superaba el 90% en otras comunidades como Aragón o Galicia. Estas prácticas contravienen los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas exigidos por la legislación.
Respuestas institucionales insuficientes
A pesar de la persistencia de Audita Sanidad, las respuestas de los organismos han sido sistemáticamente evasivas. El Defensor del Pueblo ha remitido la cuestión a otras instancias o ha archivado las denuncias, y la Intervención General de la Comunidad de Madrid ni siquiera ha contestado a las solicitudes de información.
Por otro lado, los informes justificativos que la ley exige para los contratos menores han sido, en ocasiones, elaborados de forma retrospectiva y ad hoc, según ha evidenciado el colectivo ciudadano, que ha encontrado obstáculos para acceder a la documentación auténtica a través del Portal de Transparencia.
Casos recientes y consecuencias políticas
Recientemente, diversos medios han revelado irregularidades cometidas en hospitales como el de Alcorcón, donde entre 2022 y 2024 se adjudicaron cerca de 30.000 contratos menores. Este patrón no es exclusivo de Madrid; en Andalucía, la destitución de la interventora general en 2025 se produjo tras la publicación de un informe que denunciaba el fraccionamiento masivo de contratos en el Servicio Andaluz de Salud.
En la Comunidad de Madrid, la sustitución en 2022 de la interventora general por un alto cargo de la Consejería de Sanidad permitió desbloquear pagos pendientes al grupo hospitalario Quirón, lo que puso de manifiesto la tensión entre los órganos de control y los gestores sanitarios.
El futuro de las denuncias ciudadanas
A pesar de los obstáculos, Audita Sanidad mantiene su compromiso de seguir presentando informes y denuncias ante las instituciones nacionales y europeas. El colectivo no descarta recurrir a la vía penal, convencido de que el abuso de los contratos menores y su fraccionamiento pueden esconder prácticas corruptas más allá de simples irregularidades administrativas.
La persistencia de estas prácticas y la falta de investigaciones formales ponen en cuestión la eficacia de los mecanismos de control en la contratación pública, especialmente en un sector tan sensible como el sanitario. Mientras tanto, la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo asignaturas pendientes en la gestión de los recursos públicos.
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