La exconsellera Salomé Pradas solicita al TSJCV el archivo de la causa sobre la gestión de la DANA
La defensa de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Comunitat Valenciana, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que archive la causa penal abierta por la gestión de la DANA, solicitando el sobreseimiento libre del proceso que actualmente se investiga en el juzgado de Catarroja, donde Pradas figura como imputada.
Petición de archivo y posibles implicaciones para Carlos Mazón
Según el escrito presentado por su abogado, la defensa considera que los hechos investigados no constituyen infracciones de carácter penal, sino meramente administrativo. Por ello, sostienen que el procedimiento debe cerrarse a la mayor brevedad y trasladarse al ámbito contencioso-administrativo, que sería el foro adecuado para su análisis.
El letrado de Pradas también ha solicitado que, en caso de que el tribunal estime la existencia de indicios para investigar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, sea el propio TSJCV el que asuma la instrucción de toda la causa «sin más dilación». Esta petición responde a la posición de la jueza instructora, quien había planteado la posibilidad de abrir una investigación penal a Mazón. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al TSJCV que no se investigue al expresident por la gestión de la DANA.
Argumentos de la defensa: naturaleza administrativa de los hechos
El abogado de Pradas ha argumentado que la responsabilidad penal no puede atribuirse únicamente por ocupar un cargo de máxima responsabilidad, sino que es necesario demostrar una posición de garantía establecida por norma, y que dicha norma prevea una acción concreta que pudiera haber evitado el daño.
En este sentido, sostiene que los hechos investigados carecen de relevancia penal, ya que la pérdida de vidas humanas, aunque lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de gran magnitud e imprevisibilidad, lo que dificultó cualquier reacción efectiva. Además, según la defensa, la relación causal entre las posibles omisiones y la muerte de 230 personas está rota debido a:
- Falta de información técnica precisa.
- Inacción informativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
- Irreversibilidad del riesgo generado por la DANA.
- Decisión unánime en el envío de mensajes de alerta a la población.
- Deficiencia en la interpretación técnica de los datos disponibles.
La defensa acusa específicamente a la CHJ de haber omitido información decisiva durante la emergencia.
Fuerza mayor y responsabilidad colegiada
De acuerdo con el abogado de Pradas, la jurisprudencia penal es clara respecto a los fenómenos de fuerza mayor. Cuando un desastre natural es calificado por expertos como imparable e imprevisible en sus consecuencias, queda fuera del ámbito penal.
Asimismo, se destaca que la exconsellera no actuó de forma unilateral, sino como parte de un órgano colegiado, el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), alejado del modelo militar de mando único. Además, la defensa recalca que la dirección del plan se ejerció conjuntamente con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dentro de un comité de dirección.
Impacto del Es-Alert y causas de los fallecimientos
Otro de los aspectos señalados por la defensa es que, tras el envío del mensaje de alerta Es-Alert, se produjeron 14 fallecimientos, de los cuales nueve ocurrieron en circunstancias donde las víctimas no siguieron las recomendaciones de protección emitidas. De acuerdo con el abogado, esto evidencia que el factor determinante en los decesos no fue la falta de información, sino la magnitud de la riada y las inundaciones.
Próximos pasos en la investigación
El TSJCV deberá resolver sobre la solicitud de archivo presentada por la defensa de Salomé Pradas y decidir si asume la instrucción en caso de que se considere investigar al expresident Carlos Mazón. Por el momento, la Fiscalía mantiene su posición de no continuar con la investigación penal contra Mazón.
La gestión de la DANA y las responsabilidades derivadas continúan siendo objeto de debate jurídico y político en la Comunitat Valenciana, mientras las familias afectadas y la opinión pública esperan respuestas sobre la actuación de las instituciones durante la catástrofe.
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