La reapertura de un caso de violación grupal en Cornell reaviva el debate sobre las agresiones sexuales en los campus de EE.UU.
La reciente reapertura de un caso de violación grupal en la Universidad de Cornell, en Nueva York, ha vuelto a colocar en el centro del debate la problemática de las agresiones sexuales en los campus universitarios estadounidenses. El caso, ocurrido en octubre de 2024 y en el que se vieron involucrados siete estudiantes de la fraternidad Chi Phi, evidencia las carencias en la respuesta institucional ante este tipo de delitos y la persistencia de una cultura de impunidad.
Detalles del caso y respuesta institucional
Según la demanda presentada por la víctima, identificada como Jae Doe, los hechos se produjeron en la casa de la fraternidad Chi Phi, donde fue drogada y agredida sexualmente por siete hombres a lo largo de siete horas. Capturas de pantalla de un chat grupal muestran cómo los agresores ofrecieron su cuerpo a otros miembros de la fraternidad, mientras que ninguno de los presentes intervino ni alertó a las autoridades.
A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta de la Universidad de Cornell y de las autoridades fue limitada. Dos de los implicados fueron expulsados, mientras que los otros cinco recibieron sanciones menores, como suspensiones temporales o la obligación de escribir ensayos reflexivos. Ninguno fue arrestado en ese momento.
La situación ha generado una fuerte indignación en redes sociales y entre la comunidad universitaria, lo que llevó a la universidad a emitir un comunicado oficial respaldando la decisión de la Fiscalía del condado de Tompkins de reabrir el caso y presentarlo ante un gran jurado penal. El fiscal Matthew Van Houten explicó que, si bien inicialmente no se contaba con pruebas suficientes para presentar cargos, ahora corresponde al gran jurado evaluar el caso.
La demanda y los implicados
La denuncia civil, de más de un centenar de páginas, detalla cómo la víctima fue presionada para consumir ketamina y marihuana antes de ser agredida. En el relato, Doe sostiene que no podía consentir debido a su estado y que incluso fue agredida físicamente cuando intentó resistirse. Su teléfono estaba fuera de su alcance y no pudo pedir ayuda.
Además de los siete acusados —Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar— la denuncia también se dirige contra la propia universidad, la fraternidad Chi Phi, la hermandad femenina Delta Delta Delta y el bar donde la víctima consumió alcohol previamente.
Los acusados han reaccionado de distintas maneras. Algunos niegan su implicación directa; por ejemplo, uno de ellos, a través de su abogado, sostiene que solo estuvo presente en la habitación sin participar en los hechos.
Impacto social y cifras alarmantes
Este caso ha puesto de relieve, una vez más, la problemática de las agresiones sexuales en los campus estadounidenses y la tendencia de algunas instituciones a minimizar o silenciar estos hechos para evitar dañar su reputación. Un estudio de la Universidad Estatal de Washington publicado en 2025 advierte que las mujeres universitarias enfrentan un riesgo significativamente mayor de sufrir agresiones sexuales en comparación con quienes no asisten a la universidad.
- Entre 2015 y 2022, el riesgo de sufrir violencia sexual en los seis meses siguientes fue un 74% mayor para mujeres universitarias de entre 18 y 24 años respecto a sus pares fuera del ámbito universitario.
- En California, los informes de seguridad universitaria muestran un aumento en las denuncias de violencia de género, con casos recientes en universidades como la UC Irvine.
De acuerdo con el National Sexual Violence Resource Center, una de cada cinco mujeres experimenta algún tipo de agresión sexual durante su etapa universitaria, y menos de un tercio busca ayuda. La organización RAINN destaca que los primeros meses en la universidad constituyen el periodo de mayor riesgo, conocido como «la zona roja».
- El 16% de las universitarias reportó agresiones sexuales en su primer año.
- El porcentaje disminuye ligeramente en años posteriores: 14% en el segundo año, 12% en el tercero y 11% en el cuarto.
Desafíos pendientes y la necesidad de cambio
La reapertura de este caso en Cornell subraya la urgencia de adoptar políticas más efectivas y transparentes para la prevención y el tratamiento de las agresiones sexuales en el entorno universitario. Igualmente, pone en evidencia la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas, así como de garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
El debate generado por este caso apunta a la necesidad de revisar los protocolos de actuación y de fortalecer la educación en materia de consentimiento y respeto dentro de las comunidades universitarias de Estados Unidos.
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