Investigadores exigen a Marlaska eliminar obstáculos en el acceso a los archivos del franquismo
Unos quinientos investigadores han solicitado formalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que elimine las restricciones actuales para acceder a los archivos relacionados con las cárceles y las actuaciones policiales durante la dictadura franquista. La petición se ha materializado a través de una carta en la que académicos de universidades españolas e internacionales reclaman mayor transparencia y facilidades para la investigación histórica.
Críticas a la gestión de los archivos históricos
En la misiva, los firmantes critican que el archivo del Ministerio del Interior continúe custodiando documentos históricos de los siglos XIX y XX, en lugar de transferirlos íntegramente a archivos históricos o al Archivo General de la Administración, tal como establecen diversas normativas. Esta situación, sostienen, dificulta el acceso a información clave sobre la represión y el funcionamiento de las instituciones durante el franquismo.
Los investigadores denuncian que las solicitudes de acceso al archivo sufren retrasos considerables y, en muchos casos, la documentación proporcionada incluye restricciones injustificadas, como la supresión de nombres de personas fallecidas hace décadas. Consideran que estas prácticas constituyen una forma de censura que obstaculiza el avance de la investigación académica.
Falta de transparencia y acceso público
Otro de los puntos críticos señalados en la carta es la ausencia de instrumentos de consulta públicos y accesibles. Esto impide a los investigadores conocer el contenido exacto de los fondos documentales, lo que dificulta la planificación y el desarrollo de sus trabajos. “Es como ir a un restaurante y no tener la carta”, ejemplifica Mario Lozano, de la Universidad de Barcelona.
Las restricciones también afectan a investigaciones recientes sobre el nombramiento de autoridades locales durante el régimen franquista. Según los firmantes, la solución pasa por aplicar la normativa vigente, como el real decreto de 2011 sobre archivos de la administración general del Estado, la ley de transparencia y la ley de memoria democrática.
Respuesta del Ministerio del Interior
Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que, antes de recibir la carta, ya se había contactado con el grupo de investigadores para concertar una reunión y tratar el asunto en persona, aunque la fecha aún está pendiente de concretar. Reconocen que existen demoras en la tramitación de solicitudes debido al elevado volumen y la complejidad de los casos, pero rechazan cualquier acusación de censura. Argumentan que el anonimato en ciertos documentos responde a su carácter secreto o confidencial.
El Ministerio también reconoce la necesidad de trasladar los documentos históricos a depósitos más adecuados y afirma que se están realizando transferencias periódicas al Archivo General de la Administración según la disponibilidad de espacio. En los últimos años, se han transferido miles de cajas, y actualmente hay más de 6.000 listas para su traslado. Además, se prevé la digitalización de un millón de documentos para facilitar el acceso público, según anunció recientemente Grande-Marlaska en el Senado.
Impacto en investigadores y víctimas del franquismo
Las dificultades para acceder al archivo no solo afectan a investigadores como Víctor Aparicio, de la UNED, quien esperó año y medio para recibir documentación sobre relaciones policiales entre España y Francia, sino también a familiares de víctimas del franquismo. Es el caso de Gema Ruiz, que busca información sobre el fusilamiento de su tío abuelo en 1939 y ha recibido expedientes con numerosos tachones que dificultan la reconstrucción de los hechos: “Solo quiero saber qué pasó”, lamenta.
- Los investigadores piden la eliminación de trabas burocráticas y restricciones injustificadas en el acceso a los archivos.
- Reclaman la aplicación efectiva de la normativa de acceso y transparencia.
- El Ministerio prepara nuevas transferencias y la digitalización masiva de documentos.
La reclamación de los investigadores reabre el debate sobre la necesidad de garantizar el acceso público a los archivos históricos como parte fundamental del derecho a la memoria y a la investigación en España.
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