PSOE y Sumar acuerdan despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas religiosas
El Gobierno de coalición, conformado por PSOE y Sumar, ha alcanzado un acuerdo clave para avanzar en la reforma del Código Penal. Ambas formaciones han decidido desbloquear la tramitación de una modificación legal que busca suprimir los denominados delitos de opinión, recogidos en la conocida como “ley mordaza”.
Un paso hacia la libertad de expresión
El acuerdo, anunciado este lunes en Madrid, representa un avance significativo en la protección de la libertad de expresión en España. La reforma afecta principalmente a la despenalización de las injurias dirigidas a la Corona y a otras instituciones del Estado, así como las ofensas de carácter religioso.
Este tipo de delitos había generado un amplio debate social y político en los últimos años, siendo considerados por diversos sectores como una limitación al derecho fundamental de expresar opiniones y críticas. La reforma responde a la demanda de actualizar el marco legal español para alinearlo con los estándares internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión.
Contexto de la reforma
La conocida “ley mordaza” ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera de España por su impacto en el ejercicio de derechos civiles. La supresión de estos delitos de opinión ha sido una de las prioridades en la agenda legislativa de los partidos progresistas, que consideran que la penalización de las críticas a la Corona o a instituciones públicas no tiene cabida en una sociedad democrática.
- Despenalización de las injurias a la Corona y otras instituciones del Estado
- Eliminación de las ofensas religiosas como delito penal
- Adaptación del Código Penal a los estándares internacionales de derechos fundamentales
Próximos pasos
Con este acuerdo, PSOE y Sumar esperan agilizar el proceso parlamentario para que la reforma sea debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados en los próximos meses. El objetivo es garantizar un marco legal más respetuoso con los derechos civiles y las libertades fundamentales.
La iniciativa ha sido recibida con expectativa por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, que ven en esta medida un avance hacia una mayor pluralidad y tolerancia en el debate público en España.
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