PP y Vox llevan su ofensiva contra el burka y el niqab a los ayuntamientos tras el rechazo en el Congreso
Tras el rechazo en el Congreso de la proposición de ley impulsada por Vox, con el apoyo del Partido Popular (PP), que pretendía prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos y penalizar a quienes obligasen a otros a portar estas prendas, ambas formaciones han trasladado su ofensiva a los ayuntamientos de toda España.
Prohibiciones en dependencias municipales
Numerosos ayuntamientos han aprobado ya medidas para limitar el uso del velo integral –burka y niqab– y de otras prendas que cubren total o parcialmente el rostro en instalaciones municipales. Entre las localidades que han adoptado estas restricciones se encuentran Granada, Burgos, Logroño, El Ejido, Móstoles, Níjar, Santa Pola, Castelló, Rincón de la Victoria, Alhaurín el Grande, Colmenar Viejo y, más recientemente, Roquetas de Mar. En algunos casos, la prensa local ha dado cuenta de estas decisiones, mientras que en otros la información proviene directamente de los partidos políticos.
El fenómeno del uso del burka en España es marginal. Según la socióloga Mar Griera, en ciudades como Barcelona es más común ver turistas del golfo Pérsico con velo integral que mujeres residentes en barrios populares de Andalucía, Cataluña o Madrid. Pese a su escasa implantación, la derecha y la ultraderecha han situado el debate en la agenda pública, en parte buscando rédito electoral.
Expansión de las iniciativas locales
Vox ha presentado mociones similares en numerosos ayuntamientos donde cuenta con representación, que tras las municipales de 2023, según datos del propio partido, ascienden a 996. En Sevilla, donde PP y Vox suman mayoría, se prevé votar próximamente una iniciativa de este tipo. En otras localidades, como Roquetas de Mar, el PP ha liderado la propuesta, que fue aprobada con el respaldo de Vox y la oposición de PSOE e Izquierda Unida.
No todas las mociones han prosperado. El PP, en algunos municipios, ha optado por votar en contra o abstenerse, como ocurrió en la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Oviedo y Málaga capital, donde la abstención del alcalde Francisco de la Torre (PP) permitió que la izquierda rechazara la propuesta de Vox. Sin embargo, en otros municipios andaluces, como Rincón de la Victoria y Alhaurín el Grande, el PP sí ha facilitado la aprobación de las restricciones.
Argumentos y polémica en los plenos municipales
En Roquetas de Mar, la moción aprobada, impulsada por el PP y apoyada por Vox, incluye argumentos como que “los velos integrales denigran y su normalización vulnera un principio moral básico”. Según el texto, se insta a modificar la normativa para garantizar la identificación visual del rostro en edificios municipales, alegando motivos de seguridad, verificación de identidad y correcto funcionamiento de los servicios públicos, siempre respetando los derechos fundamentales.
El portavoz del PSOE en Roquetas, Rafael Torres, criticó al PP por adoptar una postura que calificó de “radical” y por “buscar un problema inexistente”. Torres argumentó que prácticamente no hay presencia de mujeres con burka en la localidad y acusó a PP y Vox de instrumentalizar a las mujeres con fines políticos y de avivar debates con tintes racistas y xenófobos. El edil defendió la libertad de elección de las mujeres, aunque reconoció la necesidad de identificación en ciertos contextos.
Cuestiones legales y posibles recursos
Eugenia Relaño, profesora de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense de Madrid, considera que estas mociones son discriminatorias, ya que afectan al ejercicio de la libertad religiosa de una comunidad concreta y no están formuladas en términos neutros. Según la experta, estas decisiones municipales podrían ser recurridas ante los tribunales por vulneración de derechos fundamentales.
Relaño subraya que los ayuntamientos suelen justificar estas medidas por cuestiones de orden público, pero advierte que, para limitar un derecho fundamental, debe demostrarse la existencia de conductas reales y constatables que alteren ese orden. En el caso del burka y el niqab, no existen datos empíricos que evidencien conflictos o problemas de seguridad derivados de su uso en el ámbito municipal.
Debate social y futuro de la normativa
El debate sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos y dependencias municipales está lejos de cerrarse en España. Mientras algunos ayuntamientos continúan aprobando restricciones, otros rechazan las iniciativas, lo que refleja la división política y social en torno a esta cuestión. Más allá de la escasa presencia de estas prendas en el país, la polémica pone sobre la mesa el equilibrio entre seguridad, libertad religiosa y derechos fundamentales, así como el uso de estos temas en la confrontación política.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
