Portugal y España preparan huelga general conjunta por la crisis de vivienda

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El movimiento por la vivienda en Portugal plantea una huelga general junto a España

El debate sobre el derecho a la vivienda ha cobrado fuerza en Portugal, donde cientos de manifestantes se han reunido en Lisboa y Oporto para exigir soluciones a la crisis habitacional que enfrenta el país. Tras recientes incidentes con la policía y la detención de decenas de activistas, el movimiento por la vivienda propone ahora la posibilidad de convocar una huelga general, en sintonía con la jornada de protesta anunciada en España.

Protestas y asambleas diarias en las principales ciudades

Durante más de una semana, Lisboa y Oporto han sido el epicentro de asambleas populares y manifestaciones que buscan visibilizar la problemática del acceso a la vivienda. En estas reuniones, la idea de una huelga general ibérica ha ido ganando adeptos, sumándose a la convocatoria ya programada en España para el próximo 11 de noviembre. Allí, sindicatos y organizaciones sociales reclamarán medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda y la mejora de las condiciones laborales.

João Veloso, portavoz de la Acampada de Lisboa, expresó su confianza en que la presión social pueda frenar la controvertida reforma de la ley de alquiler propuesta por el Gobierno conservador. «Hay miles de personas movilizadas, y creo que eso hace que sea cada vez más necesario convocar una huelga general en Portugal», afirmó Veloso, subrayando la importancia de la movilización ciudadana.

La propuesta del Ejecutivo introduce varias modificaciones sustanciales a la legislación vigente. Entre las medidas destaca la aceleración de los procesos de desahucio, la eliminación del periodo mínimo de tres años en ciertas renovaciones automáticas y la posibilidad de exigir hasta tres meses de renta por adelantado, frente a los dos actuales. Además, se prevé eliminar el límite de dos mensualidades para las fianzas.

Aunque la iniciativa ha superado una primera votación en el Parlamento, se encuentra actualmente en comisión y su futuro es incierto, ya que no contaría con el respaldo suficiente para ser aprobada definitivamente.

Reacciones ante la intervención policial

La tensión aumentó tras la intervención de la policía en las acampadas, que se saldó con al menos 42 personas detenidas, según datos oficiales. La operación ha sido defendida por el ministro del Interior, Luís Neves, quien aseguró que «no infringió la ley». Sin embargo, la actuación policial ha suscitado críticas de numerosos partidos de la oposición y organizaciones como Amnistía Internacional y SOS Racismo, que han denunciado el «uso excesivo y desproporcionado» de la fuerza.

  • El partido ultraderechista Chega respaldó la actuación policial y criticó al Gobierno por no defender públicamente a las fuerzas de seguridad.
  • Otras fuerzas políticas exigen explicaciones al primer ministro, Luís Montenegro.

Movilización social y apoyo de figuras públicas

El movimiento por la vivienda ha anunciado nuevas protestas, incluida una concentración frente al Parlamento coincidiendo con el inicio del debate presupuestario para 2027. Además, una carta abierta firmada por una veintena de personalidades de la cultura, la economía y el derecho portugués solicita al presidente António José Seguro que intervenga públicamente y defienda los derechos civiles de la ciudadanía.

«Su silencio en este momento, excelentísimo señor presidente de la República, no apacigua la violencia. Solo sus palabras pueden restablecer la tranquilidad pública y la primacía del respeto por los derechos civiles de los ciudadanos. Le rogamos: haga oír su voz», destaca la misiva.

Llamado al diálogo y próximas acciones

En respuesta a la situación, el presidente António José Seguro ha convocado a todas las fuerzas parlamentarias a reuniones individuales para abordar la «cohesión social», aunque sin hacer referencia explícita a las protestas. Entretanto, el movimiento ciudadano sigue evaluando sus próximos pasos, incluida la posibilidad de reinstalar las acampadas o continuar la presión mediante nuevas acciones de protesta.

Portugal se encuentra así en un momento decisivo en el debate sobre el derecho a la vivienda, mientras la colaboración con movimientos similares en España refuerza la dimensión regional de la lucha social por condiciones habitacionales dignas.

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