El Gobierno de Países Bajos levanta el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht
El Gobierno neerlandés ha decidido poner fin al embargo que pesaba sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, considerando que la medida contravenía sus obligaciones internacionales y la normativa de la Unión Europea. Así lo recoge una notificación oficial emitida por la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, publicada recientemente en el boletín oficial del país.
Contexto del embargo
El inmueble afectado, ubicado en Domplein 3 de Utrecht, había sido objeto de embargo por orden de un juez del Tribunal de Distrito de La Haya el pasado 19 de marzo. Esta acción judicial se enmarcaba en una disputa entre el Estado español y un grupo de inversores internacionales, derivada de los cambios introducidos en 2013 en la normativa española sobre la retribución a las energías renovables. Dichas modificaciones, aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, supusieron una reducción en los incentivos a este sector, lo que desencadenó una serie de arbitrajes internacionales y la búsqueda de ejecución de laudos mediante el embargo de activos españoles en el extranjero.
Inmunidad de bienes estatales y derecho internacional
La decisión del Ejecutivo neerlandés de levantar el embargo se fundamenta en el principio de inmunidad de bienes estatales, reconocido tanto en la legislación internacional como en la europea. Según el comunicado, los bienes de un Estado extranjero solo pueden ser embargados si existe consentimiento expreso, si el Estado ha reservado activos para el pago de deudas, o si se demuestra que el inmueble tiene un uso comercial específico.
En este caso, ninguna de esas excepciones se cumple. El Gobierno de Países Bajos subraya que el edificio pertenece al Estado español y es ocupado por el Instituto Cervantes, una entidad pública cuya misión principal es la promoción de la lengua y la cultura españolas en el exterior. Además, aunque parte de las instalaciones pueda ocasionalmente alquilarse para eventos, los ingresos se destinan íntegramente a las actividades culturales de la institución, manteniendo así su carácter público.
Respeto al derecho comunitario y a la jurisprudencia nacional
La notificación oficial cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés, que atribuye al acreedor la responsabilidad de demostrar que se cumplen los requisitos para una excepción a la inmunidad, algo que, según las autoridades, no ha ocurrido en este caso.
Asimismo, el Gobierno recuerda que la Comisión Europea considera que las indemnizaciones derivadas de laudos arbitrales relativos al régimen español de renovables constituyen ayudas de Estado. Por ello, su ejecución requeriría la autorización previa de las autoridades comunitarias. Sin dicha autorización, se mantiene la «obligación de suspensión» y cualquier ejecución podría considerarse una ayuda de Estado incompatible con el derecho de la Unión Europea.
Respaldo a la posición española
La decisión de Países Bajos representa un respaldo significativo a la postura de España en los numerosos litigios internacionales surgidos tras los cambios en la regulación de las energías renovables. De esta manera, se refuerza el principio de protección de los bienes estatales destinados a funciones públicas y culturales frente a intentos de embargo derivados de disputas comerciales o arbitrales.
- El embargo sobre el Instituto Cervantes había sido ordenado por una disputa relacionada con la legislación sobre renovables en España.
- El Gobierno neerlandés considera que la sede es un bien protegido por la inmunidad estatal.
- La Comisión Europea exige autorización previa para ejecutar indemnizaciones consideradas ayudas de Estado.
Con esta resolución, las autoridades neerlandesas dejan sin efecto, con carácter inmediato, cualquier medida de embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, garantizando el respeto a la inmunidad de los bienes estatales y la conformidad con la normativa europea.
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