Nueva York prohíbe la cooperación entre la Policía local y el ICE en casos migratorios civiles
El estado de Nueva York ha aprobado una nueva ley que restringe la colaboración entre los cuerpos de policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en cuestiones migratorias de carácter civil. Esta decisión busca evitar que los agentes locales sean empleados por la administración federal para cumplir cuotas de deportación, una práctica criticada por las autoridades estatales y diversos sectores de la sociedad.
Una respuesta a las políticas migratorias federales
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, defendió la entrada en vigor de la nueva normativa, denominada «Policía local, crímenes locales». Según Hochul, con esta ley se impide que el ICE utilice a las fuerzas policiales locales para ejecutar lo que calificó como una «agresiva agenda migratoria» impulsada por el expresidente Donald Trump, limitando su colaboración únicamente a casos en los que se haya cometido un delito real.
«Nuestros agentes deben estar enfocados en responder a incidentes donde verdaderamente se rompa la ley, no en acudir a escuelas, iglesias o centros comerciales para ayudar a cumplir cuotas», enfatizó la gobernadora. Hochul subrayó que la función principal de la policía local es velar por la seguridad ciudadana y no intervenir en operativos migratorios de carácter civil.
Impacto en la confianza comunitaria
Brendan Cox, jefe de Policía de Albany, la capital estatal, advirtió que la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden se ve afectada cuando se les solicita participar en acciones migratorias federales de naturaleza civil. Según Cox, esto genera temor entre los residentes, quienes dejan de colaborar como víctimas o testigos, lo que repercute negativamente en la seguridad de todos.
Cox señaló que, desde sus inicios en 1994, la policía local de Albany nunca se involucró en casos migratorios civiles y cuestionó la implementación de acuerdos de cooperación entre cuerpos locales y agentes de inmigración, conocidos como 287(g), especialmente cuando las tasas de criminalidad han disminuido en los últimos años.
Implementación y desafíos legales
La nueva ley ya ha superado desafíos en los tribunales y, de acuerdo con Hochul, la gran mayoría de los condados del estado (60 de 62) ya la aplican en la práctica. Sin embargo, existen excepciones, como el condado de Nassau, donde predomina un electorado republicano y cuyo líder local, Bruce Blakeman, aspira a disputar la gobernación con el apoyo de Donald Trump.
Tras la promulgación de la ley, un grupo de 15 alguaciles presentó una demanda contra el estado, alegando inconstitucionalidad. Tanto la gobernadora como la fiscal general, Letitia James, calificaron la acción como un «derroche frívolo de dinero público» y expresaron su confianza en que los tribunales mantendrán la validez de la ley.
Datos recientes sobre detenciones migratorias
Un informe publicado por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) reveló que el ICE detuvo a más personas en ese estado entre enero y julio de este año que en todo 2024 y 2025 juntos. El informe, basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indica que la mayoría de los detenidos son hombres de entre 25 y 44 años, originarios principalmente de África y Latinoamérica.
- En 2024 se registraron 168 detenciones de inmigrantes.
- En 2025, la cifra aumentó a 313.
- Hasta julio de 2026, se contabilizaron 482 detenciones.
Entre los países de origen más frecuentes se encuentran Angola, Ecuador, República Democrática del Congo, Guatemala, Honduras, Congo, República Dominicana, Ruanda, México y El Salvador.
Según Rubén Torres, portavoz de MIRC, estos datos evidencian que en uno de los estados con mayor población blanca de Estados Unidos, la mayoría de los detenidos son personas racializadas. Torres también destacó el clima de miedo que generan estas políticas, apuntando que el impacto va más allá del individuo detenido y afecta a familias y comunidades enteras, muchas de las cuales dependen económicamente de los trabajadores inmigrantes.
Consecuencias humanas y comunitarias
La directora ejecutiva de MIRC, Mufalo Chitam, subrayó el impacto humano de estas políticas: «Detrás de cada dato hay una persona, una familia y una comunidad que viven con miedo e incertidumbre». El informe recordó casos como el de Johan Sebastian Durán, un migrante colombiano que murió a manos de agentes de ICE durante un operativo en Maine, pese a no ser el objetivo del mismo.
El informe también señala que muchos de los detenidos carecen de antecedentes criminales y ocupan empleos esenciales en sectores como la salud o la limpieza, por lo que su ausencia repercute en la economía local y obliga a las familias a reorganizarse para sobrevivir.
Perspectivas y retos futuros
La aprobación de esta ley marca un precedente en la protección de las comunidades inmigrantes frente a la intervención federal en asuntos migratorios civiles. Sin embargo, el debate continúa en el ámbito judicial y político, especialmente en los condados que han mostrado resistencia a adoptar la nueva normativa.
Nueva York se posiciona así en la vanguardia de la defensa de los derechos de los inmigrantes, en un contexto nacional donde las políticas migratorias continúan generando divisiones y consecuencias tangibles en la vida cotidiana de miles de personas.
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