Netanyahu sigue impune: la denuncia de Sudáfrica por genocidio contra Israel se estanca en la CIJ

La justicia internacional ante Israel: Netanyahu sigue libre y la denuncia sudafricana no avanza

Hace casi tres años, la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) generó esperanza sobre el fin de la impunidad. Sin embargo, la falta de acción por parte de la comunidad internacional y el respaldo de líderes como Donald Trump al gobierno de Benjamín Netanyahu han obstaculizado el avance de la causa judicial.

La denuncia de Sudáfrica y la respuesta de la CIJ

El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica llevó ante la CIJ —el principal órgano judicial de Naciones Unidas para disputas entre Estados— una denuncia en la que solicitaba medidas urgentes para detener lo que calificó como actos genocidas de Israel en Gaza. Pretoria solicitó, además, que se permitiera el acceso de ayuda humanitaria a la población palestina. Tres años después, la situación en la Franja de Gaza permanece sin cambios significativos y continúan las denuncias internacionales sobre crímenes graves.

Órdenes de detención de la Corte Penal Internacional

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Se les acusa, entre otros cargos, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el uso del hambre como método de guerra y otros actos inhumanos contra la población gazatí.

Estas órdenes siguen vigentes y obligan a los 124 Estados miembros de la CPI, que han ratificado el Estatuto de Roma, a detener a Netanyahu y Gallant si ingresan a sus territorios. Sin embargo, en abril de 2025, Hungría incumplió esta obligación durante una visita oficial de Netanyahu, quien permaneció cuatro días en el país sin ser arrestado. Coincidiendo con la visita, el gobierno húngaro de Viktor Orbán anunció su retiro de la CPI, una decisión que más tarde fue revertida por el Parlamento tras la salida de Orbán del poder.

Lentitud y límites de la justicia internacional

Expertos en derecho internacional como Sonia Boulos consideran que la CPI ha actuado con lentitud y cautela ante las atrocidades cometidas en Gaza. Además, señalan que tanto la denuncia sudafricana como las opiniones consultivas de la CIJ, que han declarado ilegal la ocupación israelí en Palestina, han ejercido presión sobre la CPI para que incremente su implicación.

El caso de Palestina ante la CPI se abrió formalmente en marzo de 2021, tras la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma en 2015 y su solicitud para investigar presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. A pesar de más de cinco años de investigación, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose.

Factores políticos que obstaculizan la justicia

Según Boulos, la principal dificultad para frenar el genocidio en Gaza no radica en la falta de instrumentos jurídicos, sino en la ausencia de voluntad política de los Estados. Un obstáculo clave es el apoyo del gobierno de Estados Unidos, especialmente durante la administración Trump, al gobierno israelí. Washington ha impuesto sanciones a quienes colaboran con la CPI y ha amenazado a su personal, dificultando la labor judicial internacional.

Nuevas denuncias y medidas provisionales incumplidas

Recientemente, Sudáfrica presentó un expediente ante la CIJ acusando a Israel de incumplir las medidas provisionales impuestas por el tribunal para prevenir el genocidio en Gaza. España, Bélgica, Irlanda, Turquía, Colombia, México, Argelia y Egipto, entre otros países, han respaldado la denuncia, mientras que Francia, Alemania e Italia han optado por no participar.

En enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel permitir el acceso urgente a servicios básicos y asistencia humanitaria en Gaza. Sin embargo, hasta la fecha, estas medidas no han sido implementadas de manera efectiva, y continúan las denuncias sobre el agravamiento de la crisis humanitaria.

El papel de la comunidad internacional

Sudáfrica, que vivió el apartheid entre 1948 y 1991, ha instado a la CIJ a intensificar la presión sobre Israel, documentando el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales. Según datos presentados, tras el alto el fuego dictado en octubre de 2025, un niño palestino muere cada día en Gaza a manos del Ejército israelí, lo que evidencia la gravedad de la situación.

• España se sumó formalmente a la denuncia sudafricana en junio de 2024, ante el incumplimiento de Israel de las medidas cautelares dictadas por la CIJ.
• Amnistía Internacional considera que la iniciativa sudafricana abre una oportunidad para presionar a Israel y exigir el cumplimiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Desde la emisión de las primeras medidas provisionales por parte de la CIJ en enero de 2024, las autoridades israelíes han seguido desoyendo las órdenes del tribunal y las obligaciones internacionales, según declaraciones de Amnistía Internacional.

Perspectivas y desafíos

La falta de herramientas coercitivas efectivas por parte de los tribunales internacionales y la división en la comunidad internacional han impedido avances significativos para frenar la violencia y garantizar la rendición de cuentas. La persistente impunidad evidencia la necesidad de una mayor implicación y cooperación internacional para hacer efectivas las resoluciones de los órganos judiciales y proteger los derechos humanos en Gaza.