Más de 145.000 niños han sido separados de sus padres por el ICE durante el mandato de Trump
Un reciente informe de la Brookings Institution ha revelado que más de 145.000 niños ciudadanos estadounidenses han sufrido la separación de al menos uno de sus progenitores debido a las políticas migratorias implementadas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025. De ellos, más de 22.000 han experimentado la detención de ambos padres, una cifra alarmante que resalta el impacto de la intensificación en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Perfil de los menores afectados
El informe precisa que 146.635 menores han sido directamente afectados. En cuanto a las edades:
- El 36,5% tiene menos de seis años
- El 36,1% está en el rango de seis a doce años
- El resto tienen entre 13 y 17 años
Respecto a la nacionalidad de los padres detenidos, la mayoría proviene de México (53,7%), seguido por Guatemala (15%) y Honduras (10,7%). Estas cifras reflejan la realidad de las comunidades migrantes más expuestas a las políticas de detención y deportación.
Zonas más afectadas y contexto de las detenciones
El análisis de Brookings señala que Washington D.C. y Texas son las áreas con mayor proporción de menores estadounidenses que han visto a uno de sus padres ser detenido, superando los cinco casos por cada 1.000 niños.
Actualmente, unas 60.000 personas permanecen bajo custodia del ICE y cerca de 400.000 han sido trasladadas a centros de detención en todo el país desde que Trump asumió nuevamente el cargo. Sin embargo, el propio informe reconoce la falta de datos precisos sobre el destino de los menores tras la detención de sus padres y la escasa información sobre los procesos de deportación.
Recomendaciones y desafíos para las familias
Ante la incertidumbre, diversas organizaciones han recomendado a las familias migrantes crear un plan de preparación familiar. Este plan suele incluir la designación de un amigo o pariente cercano que pueda hacerse cargo de los menores en caso de que los padres sean detenidos.
A pesar de estas medidas, el informe advierte que muchas veces el Gobierno no tiene constancia de los niños que quedan atrás en estas situaciones, y que la mayoría de los progenitores teme recurrir al sistema estatal de bienestar infantil, incluso si sus opciones de cuidado son limitadas.
Dimensión del problema y estimaciones
Brookings calcula que existen 13 millones de adultos en situación migratoria irregular o con protección parcial en Estados Unidos. Entre sus familias, se encuentran más de 4,6 millones de menores ciudadanos estadounidenses que viven con al menos un progenitor en riesgo de deportación, de los cuales casi 2,5 millones podrían enfrentar la separación de ambos padres.
Arrestos en tribunales y debate judicial
El endurecimiento de la política migratoria en el segundo mandato de Trump se ha traducido en un aumento de detenciones en espacios públicos y en tribunales de migración, incluso durante audiencias rutinarias. Esta práctica ha generado preocupación y denuncias de organizaciones civiles por su efecto disuasorio en el acceso a la justicia y al debido proceso para las personas migrantes.
En respuesta a estas preocupaciones, un juez federal del distrito sur de Nueva York, Kevin Castel, emitió una orden que restringe significativamente la capacidad del ICE para realizar arrestos en los alrededores de los tribunales de migración en la ciudad. Dicha decisión cuestiona la base legal de la política y revierte fallos anteriores, subrayando que el Gobierno interpretó de manera incorrecta las directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.
Conclusión
El informe de Brookings pone de manifiesto el alcance real y humano de las estrategias migratorias implementadas desde la Casa Blanca, y advierte que el número de menores que podría verse afectado por la separación familiar es considerablemente mayor al reportado oficialmente. La situación continúa generando debate social y judicial sobre las medidas más adecuadas para proteger los derechos de los niños y garantizar el acceso a la justicia de las familias migrantes en Estados Unidos.
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