Líderes de la UE instan a acelerar la externalización de centros de deportación de migrantes
Representantes de 19 países de la Unión Europea, excluyendo a España, han solicitado la implementación urgente de la reforma que endurece la política de asilo comunitaria y promueve la creación de centros de deportación en países no pertenecientes al bloque. Esta demanda surge en el contexto de la reciente aprobación parlamentaria de una legislación que facilita los acuerdos con terceros países para gestionar la expulsión de personas migrantes a quienes se les ha denegado el asilo en territorio europeo.
Una iniciativa liderada por Dinamarca e Italia
La carta conjunta, impulsada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la jefa de gobierno italiana, Giorgia Meloni, hace un llamado a “mostrar resultados concretos” y avanzar con soluciones que impliquen la colaboración con terceros países “tan pronto como sea posible”. Entre los firmantes figuran también los líderes de Grecia, Chipre, Austria, Bulgaria, República Checa, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia.
El modelo propuesto sigue el ejemplo del acuerdo entre Italia y Albania, que permite instalar centros de detención fuera de la Unión Europea para gestionar los procesos de expulsión de migrantes cuya solicitud de asilo ha sido rechazada.
Reforma legislativa y financiación europea
La reforma legislativa, aprobada recientemente por el Parlamento Europeo y pendiente de la ratificación final del Consejo, establece la base legal para que los Estados miembros puedan negociar convenios con países externos. Esta normativa, hasta ahora incompatible con el Derecho comunitario, pretende agilizar los traslados de personas migrantes a la espera de su devolución a sus países de origen o tránsito.
En paralelo, los Veintisiete han acordado que, a partir de 2028 y como parte del próximo Marco Financiero Plurianual (MFF), estos centros podrán ser financiados con fondos comunitarios. Este punto ha contado con la oposición de España, que se ha desmarcado tanto de la carta como del consenso en torno a la nueva arquitectura de gestión migratoria.
Interés creciente entre los Estados miembros
Varios países, como Dinamarca y Chipre, ya han mostrado su disposición a entablar negociaciones con terceros países para establecer este tipo de instalaciones. Según fuentes diplomáticas, los firmantes buscan un respaldo político que garantice la rápida aplicación de la legislación y la coherencia en todo el bloque comunitario.
- El objetivo es reforzar el control sobre quién puede ingresar y permanecer en territorio europeo, en palabras de los mandatarios.
- Se destaca la necesidad de desafiar el “statu quo” y frenar las actividades de tráfico de personas.
- Los líderes europeos aseguran que estas medidas respetarán la legislación de la UE y los convenios internacionales.
Críticas y preocupación por derechos fundamentales
La propuesta de externalizar los centros de deportación ha generado rechazo entre organizaciones humanitarias y algunos Estados, como España, que cuestionan tanto la eficacia del modelo como el respeto a los valores y derechos fundamentales consagrados por la Unión Europea.
Los defensores de la medida insisten en que la cooperación con terceros países se hará en estricto cumplimiento del marco legal europeo e internacional, y subrayan la importancia de actuar con determinación para gestionar la migración de manera ordenada y segura.
Perspectivas de la política migratoria europea
La entrada en vigor de estas reformas marcará un nuevo rumbo en la gestión de la migración en la Unión Europea, con el foco puesto en la externalización y el endurecimiento de los procedimientos de asilo. El debate seguirá abierto sobre el equilibrio entre control fronterizo, cooperación internacional y la protección de los derechos humanos.
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