La UCO detecta desvío de fondos para comisiones en la trama Lezo del Canal de Isabel II
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el primer juicio del conocido caso Lezo, en el que se investiga la presunta compra irregular de la empresa Aguas de América S.A. por parte del Canal de Isabel II. El proceso judicial involucra a 19 acusados, entre ellos destacados exresponsables políticos y directivos de la empresa pública madrileña.
Desvío de fondos y pago de comisiones ilegales
Durante la sesión, un capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de la investigación, declaró que se detectaron desvíos de fondos públicos destinados al pago de comisiones ilegales a implicados en la trama. Estos hechos se habrían producido en 2001, durante la gestión del Canal de Isabel II, empresa dependiente de la Comunidad de Madrid.
Según la investigación, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó en noviembre de 2001 la adquisición del 75% de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares. Sin embargo, la operación ejecutada finalmente no se ajustó a la autorización oficial: Canal de Isabel II compró el 100% de la panameña Aguas de América S.A., que poseía el 75% de INASSA y el 51% de la dominicana WATCO S.A.
Sobreprecio y perjuicio para las arcas públicas
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta operación generó un “sobreprecio indebido” estimado entre 19 y 29 millones de euros, sin justificación aparente y en beneficio exclusivo de los vendedores. De acuerdo con el testimonio del capitán de la UCO, al menos cinco de los acusados recibieron en 2022 más de nueve millones de euros como resultado de dicha transacción irregular.
El Ministerio Público señala que estos beneficiarios eran exejecutivos de Aguas de Barcelona (AGBAR), una de las empresas vinculadas a la trama. El destino del resto del dinero abonado sigue sin esclarecerse.
Incremento sospechoso del valor de las acciones
El guardia civil destacó en su declaración que, tras la compra, el precio de las acciones de la empresa experimentó un notable aumento, pasando de tres a catorce euros por título. Los investigadores relacionan este incremento con conversaciones grabadas a los principales implicados, entre ellos Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Edmundo Rodríguez, expresidente ejecutivo de INASSA. En dichas grabaciones, ambos reconocían que se había pagado un importe muy superior al valor real de la empresa y calificaban la operación como un “robo de 25 millones”.
Acusados y contexto político
Entre los 19 acusados se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros autonómicos durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, así como tres antiguos altos cargos del Canal de Isabel II y varios directivos vinculados a AGBAR. Todos ellos afrontan peticiones de entre seis y siete años de prisión por presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
En la vista anterior del juicio, Manuel Cobo, quien fuera consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2001, ha calificado el caso como una “operación política” dirigida contra Gallardón, supuestamente orquestada por Ignacio González, entonces vicepresidente autonómico. Cobo relató que existen grabaciones en las que González y Eduardo Zaplana, exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, hacen referencia a la operación y al supuesto beneficio obtenido por Gallardón.
El propio Ignacio González, detenido en 2017 y que pasó seis meses en prisión provisional, no se sienta en el banquillo en este procedimiento, ya que será juzgado en otras piezas separadas del caso Lezo.
Implicaciones y desarrollo judicial
El juicio por la compra de Aguas de América S.A. pone en el centro del debate la gestión de fondos públicos y las presuntas prácticas corruptas en la expansión internacional del Canal de Isabel II. La resolución de este proceso será clave para esclarecer las responsabilidades penales y políticas en uno de los casos de corrupción más relevantes de la última década en la Comunidad de Madrid.
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