La UCO critica la falta de acceso a datos tributarios en la investigación sobre el novio de Ayuso
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expresado su desacuerdo con la decisión del juez Antonio Viejo, encargado de investigar la relación entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Grupo Quirón. Los agentes consideran “fundamental” disponer de la información tributaria de los implicados para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Denegación de información clave para la investigación
El pasado 17 de junio, la UCO envió un oficio al juez Viejo en el que reprochaba la negativa a requerir los datos tributarios y de la Seguridad Social de González Amador, así como de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y su esposa, Gloria Carrasco. En la misma resolución, el magistrado también denegó el acceso a un total de 19 cuentas bancarias de González Amador y 90 cuentas vinculadas a Camino y Carrasco.
La negativa del juez fue respondida con un recurso de apelación por parte de la Fiscalía, que sostiene que el acceso a la información tributaria y a los registros de la Seguridad Social es esencial para el análisis completo de las operaciones investigadas.
Argumentos de la UCO y la Fiscalía
Según los investigadores, disponer tanto de los datos bancarios como de los tributarios es indispensable, ya que ambas fuentes ofrecen información complementaria para detectar posibles irregularidades. Señalan que el análisis conjunto permite identificar similitudes y diferencias relevantes, así como flujos económicos no declarados o transacciones que no se correspondan con la realidad observada.
- UCO: Considera que solo el enfoque conjunto de ambas vertientes —bancaria y tributaria— permite un análisis holístico y contextualizado de las transacciones.
- Fiscalía: Recuerda que ya se ha autorizado el acceso a los movimientos bancarios, que implica una mayor invasión en la intimidad económica de los investigados, mientras que los datos tributarios y de la Seguridad Social tienen un carácter menos intrusivo y están ya en poder del Estado.
La Fiscalía, respaldada por el PSOE y Más Madrid —personados como acusación popular—, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para que autorice los requerimientos solicitados por la UCO a la Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Impacto de la decisión judicial
El fiscal Diego Lucas Álvarez, encargado de la causa, advierte que retrasar el acceso a esta información supone un perjuicio tanto para el interés público como para los propios investigados, ya que prolonga innecesariamente la instrucción del procedimiento judicial.
Por el momento, el magistrado ha dejado abierta la posibilidad de solicitar estos datos en el futuro, si así lo requiere el desarrollo de la investigación. Sin embargo, la UCO insiste en la relevancia de contar con toda la información desde el inicio para evitar dilaciones y garantizar la eficacia de la labor investigadora.
Contexto de la investigación
La causa se centra en un presunto caso de soborno relacionado con el Grupo Quirón, en el que Alberto González Amador figura como investigado principal. Tanto la Fiscalía como los grupos acusadores argumentan que la transparencia y el acceso a todos los datos económicos y fiscales son condiciones imprescindibles para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
El desarrollo de este caso continúa generando debate sobre los límites del acceso a la información personal en procesos judiciales y la protección de los derechos fundamentales, en particular cuando se trata de figuras públicas y de interés social.
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