La reforma de la dependencia avanza hacia su aprobación definitiva en el Congreso
La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar este jueves el dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales en la actual legislatura. Esta reforma llega tras la reciente aprobación de un real decreto-ley que asigna 6.200 millones de euros adicionales al sistema de dependencia hasta 2027, así como la publicación de la sexta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que refleja una reducción del 21% en la lista de espera respecto al año anterior.
Principales ejes de la reforma
La reforma, liderada por el equipo de Pablo Bustinduy, se apoya en cuatro pilares fundamentales:
- Aumento de la financiación pública: Incremento sustancial de los recursos destinados al sistema.
- Cambio en el modelo asistencial: Prioridad a los cuidados en el domicilio, en el entorno comunitario y en soluciones personalizadas frente al modelo tradicional de macroresidencias.
- Mejora de las condiciones laborales: Medidas destinadas a atraer y fidelizar a los profesionales del sector.
- Impulso a la innovación y la tecnología: Integración de nuevas tecnologías y procesos innovadores en la atención y cuidados.
Esta reforma impactará de forma directa en personas con dependencia reconocida, personas con discapacidad, familiares y cuidadores, menores con discapacidad y personas con trastornos de salud mental que requieran apoyos específicos.
Novedades más relevantes
Entre los cambios más destacados se encuentra el reconocimiento automático de una discapacidad del 33% a todas las personas con dependencia acreditada. Además, se garantiza el derecho a la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad a través de servicios de habilitación y rehabilitación.
La protección de mujeres, niños y niñas con discapacidad se refuerza, la accesibilidad universal se consolida como un derecho y se crea un Fondo Estatal para la Promoción de la Accesibilidad Universal. También se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones de accesibilidad en edificios residenciales.
Mejoras en las prestaciones y servicios
En el ámbito de la dependencia, la reforma amplía las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, extendiendo la figura de cuidador a miembros del entorno relacional y eliminando los periodos de espera de hasta dos años para percibir la ayuda. La teleasistencia se convierte en un derecho subjetivo y el servicio de ayuda a domicilio amplía su cobertura al entorno comunitario más cercano. Asimismo, la asistencia personal se integra de pleno derecho en el catálogo oficial de prestaciones.
La reforma amplía hasta los seis años la aplicación de la Escala de Valoración Específica (EVE) para menores e incorpora medidas para fomentar la innovación social dentro del SAAD.
Aumento de la financiación y cuantías mínimas
El incremento de financiación recientemente aprobado permitirá un aumento de las prestaciones mínimas garantizadas en todos los grados de dependencia:
- Grado I: Subida del 18,4%, de 76 a 90 euros mensuales.
- Grado II: Duplicación de la cuantía, de 130 a 260 euros mensuales.
- Grado III: Incremento del 127,6%, de 290 a 660 euros al mes.
Se prevé que para 2027 la administración central financie el 50% del coste del sistema de dependencia asumido por las comunidades autónomas. El presupuesto público destinado será un 423% superior al de 2020 y un 124% mayor que al inicio de la legislatura actual. Desde el Ministerio se recalca que este esfuerzo responde a un compromiso político adquirido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, más que a una obligación legal.
Debate político y valoración de los partidos
La reforma es considerada por el Gobierno como la mayor ampliación de la red de protección social de los últimos años y aspira a consolidar un consenso político y social amplio, siguiendo el ejemplo de acuerdos previos como la reforma del artículo 49 de la Constitución o la ley ELA. Aunque se desconoce la posición final del Partido Popular (PP), el Ejecutivo considera que la inyección de 6.200 millones de euros responde a las críticas sobre falta de financiación.
Por su parte, desde el PP se mantiene el escepticismo sobre el alcance de la medida, considerándola insuficiente. La formación popular insiste en que la dependencia requiere una financiación estructural y no soluciones temporales, y recalca que existe una deuda acumulada con las comunidades autónomas tras años en los que la aportación estatal no alcanzó el 50% comprometido.
Desde Sumar, la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, ha valorado positivamente el aumento de financiación y confía en que su impacto se traduzca rápidamente en mejoras para las personas dependientes y con discapacidad.
Próximos pasos en el trámite parlamentario
Tras su aprobación en la Comisión, la reforma pasará al Pleno del Congreso el próximo 14 de julio, donde se debatirá junto al real decreto-ley de financiación. Posteriormente, continuará su tramitación en el Senado antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor.
Retos pendientes y demandas del sector
A pesar de los avances, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS) advierte que la dependencia sigue siendo un derecho pendiente de garantizar plenamente en España. Según el Observatorio Estatal de la Dependencia, el sistema sufre carencias estructurales, como procedimientos excesivamente burocráticos, prestaciones económicas insuficientes y servicios de intensidad limitada, lo que configura, según la asociación, un modelo de bajo coste que no responde adecuadamente a las necesidades reales.
Actualmente, 255.302 personas continúan esperando una valoración o la recepción de una prestación ya reconocida. Entre enero y junio de 2026, 15.450 personas fallecieron sin recibir la atención a la que tenían derecho. Aunque la lista de espera se ha reducido, el ritmo de mejora se considera insuficiente y, de mantenerse la tendencia, serían necesarias décadas para lograr la plena atención.
- Mejoras en la intensidad de los servicios y actualización de las cuantías de las prestaciones.
- Compatibilidad entre diferentes recursos y mejoras en las condiciones laborales del personal del sector.
- Mayor transparencia en los datos oficiales y mecanismos de control para garantizar el impacto efectivo de la inversión pública.
El sector demanda que el incremento de financiación se traduzca en mejoras reales y tangibles para las personas usuarias y en una reducción significativa de las listas de espera.
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