La defensa de la pareja de Ayuso recurre a la condena de García Ortiz para solicitar la anulación de su causa por fraude fiscal
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha centrado su estrategia legal en la reciente condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para intentar invalidar el proceso judicial en su contra por presunto fraude fiscal.
Argumentos de la defensa: vulneración de derechos fundamentales
Los abogados de González Amador sostienen que García Ortiz vulneró varios derechos fundamentales del acusado, entre ellos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Según el escrito presentado ante el tribunal, la actuación del ex fiscal general habría contaminado el procedimiento penal, lo que, a juicio de la defensa, justifica la nulidad de todo el expediente.
En su escrito, González Amador niega la existencia de deuda tributaria en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y asegura que las facturas presentadas en su declaración son auténticas. No obstante, cabe recordar que anteriormente el propio acusado había explorado con la Fiscalía un acuerdo de conformidad en el que admitía la comisión de un delito de fraude fiscal.
Condena a García Ortiz y consecuencias en el proceso
La defensa se apoya en la reciente sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. Este hecho es utilizado como prueba de lo que consideran una “perversión de los mecanismos garantes de la legalidad” durante el proceso contra González Amador.
“El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo”, argumenta la representación legal del acusado, en un intento por desacreditar la validez de la causa y solicitar su anulación.
Acusaciones y peticiones de la Fiscalía
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para González Amador una condena de tres años y nueve meses de prisión, además de una multa de 448.927 euros. Los cargos incluyen delitos de fraude a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
En el escrito de defensa, González Amador también denuncia que sus derechos fundamentales han sido vulnerados de manera continuada por distintos miembros del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este último, en declaraciones públicas, vinculó a la presidenta madrileña con “un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda”.
Otros empresarios implicados y situación procesal
En noviembre pasado, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de González Amador y otros cuatro empresarios, acusados de defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 mediante un presunto entramado de facturas falsas.
- José Miguel Carrillo Saborido
- Agustín Carrillo Saborido
- David Herrera Lobato
- Maximiliano Niederer González
Los tres primeros, empresarios del municipio sevillano de Arahal, han seguido la misma línea de defensa que González Amador, negando las acusaciones y solicitando la nulidad del proceso tras la condena a García Ortiz. Están imputados por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Para ellos, la Fiscalía solicita dos años de cárcel.
Perspectivas del caso
El desarrollo de este procedimiento penal está marcado por la influencia de la condena al ex fiscal general y las acusaciones de vulneración de derechos fundamentales, lo que podría condicionar el futuro del juicio. Mientras tanto, la Audiencia Provincial mantiene el procesamiento, a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre las peticiones de nulidad presentadas por las defensas.
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