La operación ‘Kitchen’ desvió fondos públicos y 70 agentes para proteger al PP

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El coste de la operación ‘Kitchen’ para las arcas públicas: un despliegue de recursos policiales y fondos reservados al servicio del PP

La operación ‘Kitchen’, una trama ilegal destinada a espiar al extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, y a su entorno familiar, supuso un elevado gasto de recursos públicos y humanos. Según la Fiscalía Anticorrupción, al menos 70 efectivos policiales fueron apartados de sus funciones habituales para centrarse en la obtención de pruebas que implicaban al PP en la financiación irregular, en lo que se considera uno de los mayores escándalos de uso indebido de fondos estatales en la última década.

Un operativo policial al margen de la legalidad judicial

Durante el verano y otoño de 2013, ocho inspectores jefes de Grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información, participaron en seguimientos ilegales a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y otros miembros de su entorno. El operativo, que llegó a movilizar hasta once policías diariamente, desvió la atención de la lucha contra el crimen hacia objetivos de interés exclusivamente partidista.

La investigación judicial señala que esta actuación fue financiada con fondos reservados del Ministerio del Interior y ejecutada sin autorización judicial. La finalidad era evitar que documentación comprometedora sobre la llamada ‘caja b’ del PP llegara a manos de la Justicia, en pleno desarrollo del caso Gürtel.

Despliegue de recursos y falta de cuantificación

Aunque la Audiencia Nacional no ha accedido a una cuantificación completa del gasto público, la Fiscalía confirma que fueron desviados importantes recursos técnicos y humanos del Ministerio del Interior. Entre los gastos figuran el uso de material informático para clonar dispositivos electrónicos incautados a Bárcenas, vehículos para los seguimientos y otros recursos no especificados.

  • 70 agentes policiales dedicados a la operación
  • Material informático para la duplicación de dispositivos
  • Vehículos y otros recursos logísticos

La cuantía exacta de todos estos recursos sigue sin ser determinada, después de que la petición de la acusación popular fuese considerada fuera de plazo por los tribunales.

El papel del infiltrado y los pagos desde fondos reservados

Uno de los elementos clave de la trama fue la infiltración de Sergio Ríos, quien ejerció como conductor de la familia Bárcenas mientras informaba a los responsables policiales de la operación. Ríos, recomendado por altos cargos vinculados al PP, recibió un pago mensual de 2.000 euros desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, sumando un total de 57.943,43 euros procedentes de fondos reservados. Además, recibió una licencia de armas tipo B y una pistola valorada en 700 euros, lo que eleva el coste total para las arcas públicas a más de 60.000 euros.

Como parte de la protección ofrecida a los colaboradores de ‘Kitchen’, se propuso la integración de Ríos como agente del Cuerpo Nacional de Policía, proceso que culminó en 2015. Actualmente, Ríos se encuentra suspendido de empleo y sueldo y la Fiscalía solicita su inhabilitación definitiva.

Acciones ilícitas y manipulación de pruebas

La operación no solo se centró en el espionaje, sino también en actuaciones ilegales como el acceso a un estudio de pintura propiedad de Rosalía Iglesias, donde se sospechaba que Bárcenas ocultaba pruebas, y la detención de un informático encargado de destruir archivos comprometedores. Además, se documentó la sustracción de dispositivos móviles y una tableta que contenían mensajes y correos electrónicos relevantes para la investigación judicial.

Para justificar la operación ante instancias internas, los responsables crearon registros falsos en el sistema de inteligencia criminal de la Policía, simulando la existencia de una investigación legal sobre Bárcenas y su esposa.

Avance judicial y responsables implicados

La fase de juicio oral por la operación ‘Kitchen’ ha comenzado, con diez personas en el banquillo, incluyendo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Policía Nacional Eugenio Pino. La instrucción ha dejado constancia de las notas y justificantes de los 70 agentes implicados, así como de los pagos realizados a Sergio Ríos, detallados en informes internos de la Policía.

La trama ‘Kitchen’ refleja cómo recursos públicos, tanto humanos como económicos, fueron empleados para fines ajenos al interés general y al margen de los cauces legales, generando un grave perjuicio para las arcas del Estado y la confianza en las instituciones.

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