La justicia investiga la polémica adjudicación de 140 viviendas protegidas en Alicante

El caso VPO de Alicante: polémica adjudicación de viviendas protegidas bajo investigación judicial

Un proceso de licitación de seis años, dos sentencias judiciales y una gestión municipal cuestionada han desembocado en el denominado «caso VPO de Alicante», un escándalo que actualmente investiga la justicia y que involucra la adjudicación de 140 viviendas de protección oficial en la ciudad. La magistrada Amparo Rubio, encargada de la instrucción, mantiene el foco en las posibles irregularidades cometidas en la enajenación de una parcela pública situada cerca de la Playa de San Juan, donde se levantaron los inmuebles.

Investigación centrada en el proceso de adjudicación

La jueza busca esclarecer todo el recorrido administrativo desde 2016, cuando se inició el expediente para la venta de una parcela de 8.618 metros cuadrados, hasta la adjudicación final en marzo de 2022 a la cooperativa Les Naus. El objetivo inicial del Ayuntamiento era facilitar el acceso a viviendas de protección oficial, después de más de una década sin nuevas promociones públicas en la ciudad. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por recursos legales, cambios políticos y decisiones administrativas controvertidas.

Tras la apertura del caso a raíz de la aparición de cargos municipales entre los beneficiarios de las viviendas, la instrucción investiga presuntos delitos de prevaricación, uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la Administración y fraude de ley.

Implicados y beneficiarios bajo la lupa

Hasta el momento, la investigación judicial implica a 15 personas. Entre ellas figuran la exconcejala de Vivienda Rocío Gómez, cuyo suegro también resultó adjudicatario; María Pérez-Hickman, exdirectora general de Organización Interna y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, cuyos hijos y sobrino accedieron a pisos; así como Roberto Palencia, funcionario de la Generalitat que validó solicitudes, incluida la de su esposa. También están siendo investigados técnicos municipales y el administrador de la empresa gestora de la cooperativa.

• Rocío Gómez, exconcejala de Vivienda
• María Pérez-Hickman, jefa de Contratación
• Roberto Palencia, funcionario de la Generalitat
• Francisco Nieto, arquitecto de Urbanismo
• Francisco Ordiñana, administrador de la gestora Fraorgi

Una promoción exclusiva a precios protegidos

La promoción, situada en una zona privilegiada junto a la playa, cuenta con viviendas de 100 metros cuadrados, plaza de aparcamiento, club social, piscina y equipamientos deportivos. El precio de adjudicación, inferior a los 230.000 euros, se sitúa muy por debajo del valor de mercado en la zona.

Origen y desarrollo del expediente

El proceso arrancó en 2016, bajo un gobierno local de coalición (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís), con el propósito de impulsar vivienda asequible tras una larga inactividad en el sector público. Sin embargo, en enero de 2017 la tramitación fue paralizada por un informe desfavorable de la Intervención Municipal, al no quedar claro el destino social de los fondos obtenidos por la venta del suelo.

El expediente se reactivó en 2018, tras la llegada del PP al gobierno municipal con Luis Barcala como alcalde. El equipo de Contratación, liderado por María Pérez-Hickman, introdujo modificaciones en el pliego, como la obligación de construir un club social y un criterio de desempate que favorecía la rapidez en la presentación de ofertas.

Controversias en la licitación y recursos judiciales

La cooperativa Les Naus, constituida apenas dos meses antes, fue la primera en presentar su proyecto apenas 24 horas después de la convocatoria, lo que suscitó sospechas sobre la posible existencia de información privilegiada. Otras promotoras participantes negaron que fuera habitual poder reunir toda la documentación y los avales en tan corto plazo.

Tras diversos recursos presentados por otras promotoras y asociaciones inmobiliarias, el Ayuntamiento suspendió el procedimiento y modificó los criterios de desempate, suprimiendo el orden de presentación como factor decisivo. La cooperativa Les Naus recurrió judicialmente la paralización y, tras varias sentencias contradictorias, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenó continuar el proceso desde el punto en que se detuvo.

Finalmente, en marzo de 2022, la Mesa de Contratación adjudicó la parcela a Les Naus, a pesar de detectar inicialmente que los avales económicos no se ajustaban completamente a lo exigido en el pliego. Se justificó la excepción por el carácter específico de las cooperativas de viviendas.

Requisitos de acceso y nuevas líneas de investigación

La segunda vertiente del caso se centra en cómo se gestionaron y validaron las solicitudes para acceder a las viviendas protegidas. El Ayuntamiento impuso como requisitos no superar los 54.000 euros de ingresos por unidad familiar y no disponer de otra vivienda en propiedad. La magistrada ha solicitado toda la documentación a la cooperativa para verificar el cumplimiento de estas condiciones.

Conclusión

El caso VPO de Alicante pone de manifiesto las dificultades y riesgos que pueden surgir en la gestión de vivienda pública, especialmente cuando aparecen indicios de trato de favor y falta de transparencia. La instrucción judicial sigue su curso, y se espera que las próximas semanas sean clave para esclarecer si existieron delitos y responsabilidades en la adjudicación de estas viviendas protegidas.