La Justicia amnistía a los cinco síndicos electorales del 1-O tras dos años de espera
Un juzgado de Barcelona ha decidido amnistiar a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1 de octubre de 2017 (1-O), entre los que se encuentran la exconsellera y actual diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Tània Verge. Los implicados estaban procesados por desobediencia y usurpación de funciones debido a su papel como equivalente de Junta Electoral durante el referéndum independentista catalán.
Antecedentes judiciales y recorrido del caso
La Sindicatura Electoral fue nombrada por el Parlament de Cataluña el 7 de septiembre de 2017 para supervisar el proceso del 1-O. En 2021, los cinco síndicos fueron juzgados y absueltos por una jueza penal de Barcelona, al considerar que no se había demostrado que continuaran ejerciendo sus funciones tras la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de impedir el referéndum.
Sin embargo, la Fiscalía recurrió la absolución y solicitó penas de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados. La Audiencia Provincial de Barcelona anuló la sentencia absolutoria y ordenó repetir el juicio en 2022. A pesar de ello, el nuevo proceso no llegó a celebrarse debido a disputas sobre la competencia judicial, así como por el aforamiento de dos de los procesados: Tània Verge y el diputado de Junts en el Congreso, Josep Pagès.
Aplicación de la ley de amnistía
El proceso judicial se prolongó durante más de dos años tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, periodo en el que las defensas de los síndicos solicitaron la aplicación inmediata de la normativa. Finalmente, la sección penal número 11 de los juzgados de Barcelona archivó la causa, reconociendo el derecho de los implicados a beneficiarse de la amnistía.
- Tània Verge, exconsellera y diputada de ERC
- Josep Pagès, diputado de Junts en el Congreso
- Jordi Mas, catedrático
- Marta Alsina, abogada
- Marc Marsal, abogado
La jueza Núria Bru, responsable del auto de archivo, argumentó que los hechos atribuidos a los síndicos se produjeron entre septiembre y octubre de 2017, coincidiendo con el periodo cubierto por la ley de amnistía. Además, reconoció que las actuaciones de los procesados estaban directamente relacionadas con la preparación de la consulta independentista.
Contexto y consecuencias de la amnistía
Los síndicos cesaron en sus cargos apenas 19 días después de su nombramiento, tras ser sancionados por el Tribunal Constitucional con una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno. Según la resolución judicial, los delitos de desobediencia y usurpación de funciones encajan en los supuestos previstos por la ley de amnistía, que contempla el perdón para quienes promovieron o participaron en consultas independentistas, así como para quienes desobedecieron los requerimientos del TC.
Con esta decisión, la justicia española pone fin al proceso judicial contra los cinco síndicos electorales del 1-O, marcando un nuevo hito en la aplicación de la reciente ley de amnistía relacionada con el proceso independentista catalán.
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