La jueza del ‘caso ático’ aún no decide sobre la investigación a la operación del Gobierno de Ayuso
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, mantiene en estudio las cinco denuncias presentadas en relación con la compra de un ático por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de haber iniciado diligencias previas el pasado 11 de agosto, la magistrada todavía no ha resuelto si abrirá una investigación penal, archivará las denuncias o declarará la falta de competencia de su juzgado.
Denuncias acumuladas y contexto del caso
Las denuncias se centran en la adquisición de un inmueble valorado en 6,3 millones de euros por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid. El proceso, que inicialmente se justificó como una compra para uso de oficinas, ha estado envuelto en polémica debido a que el inmueble solo admite uso residencial y, recientemente, se ha puesto a la venta por 6,7 millones de euros.
Cuatro de las denuncias fueron remitidas por la Fiscalía Provincial de Madrid el 10 de agosto, incluyendo una del PSOE y tres de particulares. Todas ellas se unen a la denuncia inicial presentada por Iustitia Europa el 6 de agosto, consolidando así varias acusaciones sobre los mismos hechos.
Decisión judicial pendiente
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se informa que el juzgado aún no ha admitido a trámite las denuncias. La decisión sobre la apertura de una investigación, el archivo de las mismas o la posible declaración de incompetencia ha quedado pospuesta, en parte, debido a que los escritos se presentaron en pleno periodo vacacional.
La jueza Espinosa debe valorar, además, si corresponde que su juzgado asuma la investigación, ya que algunas de las personas señaladas, como la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Presidencia Miguel Ángel García Martín, cuentan con aforamiento, lo que podría derivar el caso a otras instancias judiciales superiores.
Motivos y argumentos de las denuncias
Las cinco denuncias apuntan a posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Los denunciantes solicitan que se investigue si los responsables públicos cometieron irregularidades en la adquisición del ático, haciendo hincapié en las siguientes cuestiones:
- Utilización de una empresa pública para eludir controles y normas sobre patrimonio público.
- Intento de ocultar la operación, conocida tras una exclusiva periodística.
- Falta de consistencia en la justificación de la compra y ausencia de previsión presupuestaria.
- Conocimiento previo de la incompatibilidad de uso del inmueble con el fin declarado.
- Indicios de perjuicio económico a los fondos públicos y posible destinación residencial para la presidenta.
- Anuncio de venta del inmueble pocos días después de la compra.
Implicaciones legales y aforamientos
La denuncia de Iustitia Europa solicita que, si durante la instrucción aparecen indicios contra personas aforadas, el caso se remita al órgano judicial competente: la Sala de lo Civil y Penal del TSJM para los consejeros autonómicos y la Sala Segunda del Tribunal Supremo para la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, las diligencias podrían continuar respecto a personas sin aforamiento y se solicita asegurar las pruebas necesarias para la investigación.
Intervención de partidos políticos: PSOE y Más Madrid
El PSOE y Más Madrid han pedido personarse en la causa para ejercer la acusación popular. Los socialistas subrayan el papel de los partidos en la defensa de la legalidad y el interés general, mientras que Más Madrid considera que, de confirmarse los hechos, la operación podría constituir un comportamiento delictivo por parte de la administración autonómica.
Ambas formaciones cuestionan el procedimiento seguido por Planifica Madrid y destacan posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y administración desleal del patrimonio público, citando artículos concretos del Código Penal español.
Próximos pasos en el procedimiento
La fase de estudio de las denuncias se ha visto retrasada hasta septiembre debido a las vacaciones judiciales. Se espera que en las próximas semanas la jueza decida si inicia una investigación formal sobre la operación, archiva las denuncias o traslada el caso a instancias superiores por la posible implicación de aforados.
Este caso sigue generando debate público sobre la gestión del patrimonio de la Comunidad de Madrid y la transparencia en las operaciones de las empresas públicas autonómicas.
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