La jueza del caso Adamuz excluye a los ayuntamientos pero admite a Manos Limpias, Vox y Hazte Oír como acusación popular
La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, donde perdieron la vida 46 personas, ha resuelto admitir la personación de seis entidades privadas como acusación popular en la causa. En cambio, ha rechazado la solicitud de otras cuatro entidades, entre ellas varios ayuntamientos andaluces.
Admisión y exclusión de entidades en el proceso judicial
En un auto reciente, la magistrada detalla que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo establece requisitos estrictos para que una entidad pueda personarse como acusación popular. Entre los criterios exigidos figuran la capacidad procesal y legitimación formal, la representación mediante procurador y asistencia de letrado, la prestación de fianza (salvo dispensa) y la ausencia de abuso de derecho o fraude procesal.
Tras analizar un total de diez solicitudes de personación, el juzgado ha admitido la participación como acusación popular de las siguientes entidades:
- Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias
- Vox
- Hazte Oír
- Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf)
- Asociación Víctima de los Políticos
- Asociación Liberum
Por el contrario, no se ha permitido la personación del Partido Iustitia Europa por no cumplir los requisitos formales requeridos, así como la del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) y los ayuntamientos de Punta Umbría y Huelva.
Fianza para las acusaciones populares
La jueza ha fijado una fianza de 3.000 euros para cada una de las entidades admitidas como acusación popular. Esta decisión responde al elevado número de partes interesadas en el proceso y a la necesidad de garantizar un desarrollo judicial adecuado, evitando disfunciones derivadas de una pluralidad excesiva de acusadores.
Con esta resolución, la investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz avanza con la participación de entidades tanto sociales como políticas, mientras quedan al margen los ayuntamientos que habían solicitado personarse en la causa.
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