La Fiscalía estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Aragón tras la retirada de ayudas a menores migrantes
La Fiscalía General del Estado está analizando la posibilidad de presentar una denuncia por delito de odio contra la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Esta investigación surge tras la decisión de su titular, Alejandro Nolasco, también vicepresidente autonómico y líder regional de Vox, de suprimir las ayudas económicas semanales destinadas a menores extranjeros no acompañados alojados en centros de acogida de la comunidad.
Investigación en curso y requerimientos a la Consejería
Según han confirmado fuentes fiscales, la Fiscalía General ha remitido un requerimiento oficial a través de la Fiscalía de Menores de Zaragoza a la Consejería implicada. El objetivo es que este departamento confirme oficialmente si la resolución que elimina las ayudas ya ha sido aprobada.
Además, el Ministerio Público ha solicitado detalles sobre el alcance de la medida, específicamente si afectará únicamente a menores de origen extranjero. Asimismo, se ha pedido a la Consejería que exponga los motivos que han llevado a tomar esta decisión.
Posible delito de odio
Una vez analizada la información inicial, la Fiscalía General ha trasladado el caso a la Fiscalía de Odio para que valore si la supresión de estas ayudas podría constituir un delito de odio. En caso afirmativo, el organismo podría presentar una denuncia en el ámbito contencioso-administrativo.
Supresión de las ayudas y justificación económica
La medida, ordenada por Nolasco el pasado lunes, afecta a una partida presupuestaria que se venía abonando semanalmente a todos los menores acogidos en centros gestionados por el Gobierno de Aragón. Las ayudas consistían en una asignación fija de 17 euros semanales, lo que representaba un coste anual de 180.000 euros para las arcas autonómicas.
Desde el Departamento de Desregulación se ha argumentado que estas pagas carecían de soporte legal y que su existencia fue detectada durante auditorías internas de la propia Consejería. Según Nolasco, el presupuesto destinado a estas ayudas podría emplearse para crear hasta siete nuevas plazas en residencias para personas mayores.
Reacciones institucionales
La decisión de suprimir las ayudas ha generado una rápida reacción por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego. El Ministerio ha trasladado la medida a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que tome conocimiento y, en su caso, actúe en consecuencia.
Contexto y repercusiones
La eliminación de las ayudas a menores migrantes no acompañados ha reavivado el debate sobre la gestión de recursos públicos y la protección de los derechos de la infancia, especialmente de los colectivos más vulnerables. La Fiscalía evaluará en los próximos días si la medida adoptada por la Consejería de Aragón vulnera principios legales o supone un acto discriminatorio motivado por el origen de los menores afectados.
- La Consejería justifica la medida por razones presupuestarias y legales.
- El Ministerio de Juventud e Infancia ha recurrido a la Fiscalía para supervisar la decisión.
- La Fiscalía de Odio podría presentar una denuncia si se identifica delito de odio.
La situación permanece abierta a la espera de las conclusiones de la investigación fiscal y de las posibles acciones judiciales que pudieran derivarse.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
