La Fiscalía pide casi ocho años de cárcel para dos mossos acusados de torturas y agravios homófobos

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La Fiscalía solicita casi ocho años de prisión para dos mossos acusados de torturas y agravios homófobos

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado penas de siete años y once meses de cárcel para dos agentes de los Mossos d’Esquadra, acusados de torturar y vejar a un hombre, al que agredieron y humillaron con insultos de carácter racista y homófobo. Además, el Ministerio Público pide para ambos una indemnización conjunta de 20.000 euros a la víctima por daños morales, así como 21 años de inhabilitación para ejercer empleo público.

Hechos ocurridos tras una intervención policial en un local LGBTIQ+

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 8 de noviembre de 2021, cuando los dos agentes, junto a otros compañeros, acudieron a un bar de copas LGBTIQ+ en la calle Villarroel de Barcelona. El propietario del establecimiento retenía en el suelo a un hombre, alegando que había agredido a un cliente.

Uno de los mossos esposó al individuo y, junto a otro agente, lo introdujo en el asiento trasero de un vehículo policial. En lugar de trasladarlo a comisaría, ambos circularon hasta la Rambla del Raval, fuera de su distrito, mientras realizaban comentarios como «Vamos a Mordor».

Agresiones e insultos durante el trayecto

Según la Fiscalía, durante el trayecto uno de los agentes, que iba sentado junto al hombre esposado, lo agredió físicamente con puñetazos en el estómago, le apretó la cabeza contra la mampara y le sujetó el cuello hasta dificultarle la respiración, mientras le dirigía insultos como «maricón de mierda» y frases vejatorias relacionadas con su orientación sexual y origen. El otro agente, al volante, adoptó una actitud pasiva y llegó a reírse de la situación, sin intervenir para detener la agresión.

La víctima, en un estado de terror y bajo coacción, obedeció y repitió las expresiones denigrantes que le exigían los agentes. Además, durante el trayecto, vomitó debido al estado de nerviosismo y fue forzado por el agente a presionar su cabeza contra el vómito.

Finalización del incidente y consecuencias legales

Al llegar a la Rambla del Raval, los agentes detuvieron el vehículo, bajaron al hombre, le retiraron las esposas y abandonaron el lugar. Poco después, la División de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra detuvo a ambos implicados. El 5 de agosto de 2022, un juzgado ordenó su ingreso en prisión, eludible mediante una fianza de 6.000 euros que abonaron ese mismo día.

La Fiscalía considera a ambos agentes responsables de los delitos de torturas, maltrato de obra y detención ilegal, agravados por motivación discriminatoria. En su escrito, el Ministerio Público señala que, aunque uno de los agentes dirigió la acción por su mayor antigüedad, el conductor tenía la misma categoría profesional y debía haber impedido los hechos, incumpliendo así sus deberes.

Responsabilidad subsidiaria y archivo para otros implicados

La Fiscalía reclama que la Generalitat de Cataluña responda de forma subsidiaria por los daños causados a la víctima. Por otro lado, no presenta cargos ni contra la agente en prácticas que viajaba en el asiento del copiloto ni contra otros dos mossos que participaron en el operativo pero que no estuvieron presentes en el vehículo donde se produjeron los hechos.

Un caso con agravante de discriminación

Este procedimiento representa la segunda ocasión en la que la Fiscalía de Barcelona incorpora la agravante de discriminación en un caso de torturas policiales. El precedente inmediato se remonta a 2023, cuando varios agentes de los Mossos aceptaron penas de prisión e inhabilitación por agresiones racistas cometidas contra un joven en Manresa en 2019.

  • La Fiscalía solicita casi ocho años de prisión para cada agente.
  • Ambos deben indemnizar a la víctima con 20.000 euros.
  • Se pide la inhabilitación para empleo público durante 21 años.
  • La Generalitat tendría responsabilidad civil subsidiaria.
  • El caso incorpora la agravante de discriminación por orientación sexual y origen étnico.

La causa sigue su curso judicial a la espera de juicio, en un contexto de creciente escrutinio sobre los delitos de odio y la actuación policial en Cataluña.

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