La Fiscalía solicita al Tribunal de Cuentas la amnistía para los implicados en los gastos del ‘procés’
La Fiscalía ha instado al Tribunal de Cuentas (TCU) a que declare de forma urgente la amnistía para los encausados por los gastos relacionados con el procés, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont. El Ministerio Público considera que resulta «innecesario e improcedente» plantear la posibilidad de no aplicar la ley de amnistía tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Respuesta inmediata a la consulta del Tribunal de Cuentas
En menos de 24 horas, la Fiscalía ha respondido a la petición realizada por el Tribunal de Cuentas, que este lunes solicitó a todas las partes personadas —acusaciones y defensas— que se pronunciaran sobre la opción de no amnistiar los gastos del procés en caso de que se hubieran sufragado con fondos de la Unión Europea.
La consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráiz, otorgó un plazo de diez días para presentar alegaciones, argumentando que el TJUE permite el perdón de delitos de malversación siempre que no hayan implicado la utilización de recursos procedentes del presupuesto comunitario.
La Fiscalía descarta el uso de fondos europeos
Según el Ministerio Público, el trámite de alegaciones es «improcedente e innecesario», ya que tanto el TJUE como el Abogado General de la UE han descartado que durante el 1-O y las actividades de promoción exterior del procés se utilizaran fondos europeos.
De acuerdo con la Fiscalía, el propio auto por el que el Tribunal de Cuentas remitió cuestiones prejudiciales a la Justicia europea «no contenía ningún elemento que pudiera sostener el uso indebido de fondos comunitarios».
El escrito recuerda además que, salvo después de la aprobación de la ley de amnistía, nunca se ha puesto en duda que la procedencia de los gastos investigados sea otra que la propia Generalitat de Catalunya. Esto se sostiene incluso tras investigaciones llevadas a cabo tanto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como por el propio Tribunal de Cuentas.
Argumentación jurídica y aplicación de la ley de amnistía
La Fiscalía señala que la sentencia del procés «no contiene referencia alguna a la posible procedencia comunitaria de los bienes malversados». Tampoco el informe de fiscalización que dio origen a la causa ni las actas de liquidación del procedimiento de responsabilidad contable apuntan en esa dirección.
En opinión del Ministerio Público, permitir que las partes se pronuncien sobre la amnistía resulta «improcedente», pues el Tribunal de Cuentas debe ajustarse al procedimiento marcado por la ley. Esta normativa exige el archivo de los procesos de responsabilidad contable —previa audiencia de la Fiscalía y de las entidades públicas afectadas, siempre que no se opongan— cuando se cumplan los requisitos de la amnistía.
La Fiscalía concluye que «lo que procede es seguir los trámites previstos en dicha ley con observancia de lo previsto en su artículo 10 sobre la tramitación preferente y urgente». Además, solicita que una vez resueltas las cuestiones prejudiciales que motivaron la suspensión del proceso, el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre las medidas cautelares vigentes.
Suspendida la causa y reclamaciones económicas
El procedimiento, actualmente suspendido debido a la presentación de cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea, afecta a una treintena de ex altos cargos del Govern. La Fiscalía reclama a los implicados —que tienen depositadas fianzas millonarias para responder por su responsabilidad contable— un total de 3,4 millones de euros por los gastos vinculados al procés.
- El proceso afecta a más de treinta ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya.
- La reclamación de la Fiscalía asciende a 3,4 millones de euros.
- La causa se encuentra suspendida a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales europeas.
Junto a la Fiscalía, que en su momento se opuso a la consulta al TJUE sobre la amnistía, también está personada como acusación la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), contraria al independentismo.
El desarrollo de este procedimiento y la aplicación de la ley de amnistía continúan marcando la actualidad judicial y política en torno al procés y sus consecuencias económicas y legales.
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