La Fiscalía investiga a concejales de Carboneras por el aplazamiento de la anulación de la licencia de El Algarrobico
La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias de investigación para esclarecer la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de varios ediles del Ayuntamiento de Carboneras (Almería). La investigación se centra en la decisión tomada durante el pleno extraordinario del 17 de junio, cuando se pospuso la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en cumplimiento de una sentencia judicial.
Origen de la investigación
El procedimiento se inicia tras una denuncia presentada el 19 de junio por la asociación ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. En su escrito, el colectivo señalaba una presunta ilegalidad cometida durante el pleno, que había sido convocado expresamente para revisar de oficio la licencia urbanística concedida en 2003 a la empresa Azata del Sol, promotora del polémico hotel.
El fiscal de Medio Ambiente, Juan Antonio Jiménez López, ha requerido al Ayuntamiento de Carboneras la entrega de la copia del acta de la sesión, un informe detallando los motivos del aplazamiento y toda la documentación e informes jurídicos solicitados por los concejales para justificar su decisión.
Respuesta del Ayuntamiento
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha respondido al requerimiento remitiendo el acta de la sesión y subrayando que en ella ya se incluían los informes jurídicos referidos a la revisión de oficio de la licencia. Asimismo, ha mostrado su disposición a facilitar cualquier otro documento que resulte necesario para la investigación.
El pleno del 17 de junio: un giro inesperado
La sesión extraordinaria del 17 de junio tenía como único punto del día declarar la nulidad de pleno derecho de la licencia del hotel, siguiendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021, avalada además por el Consejo Consultivo de Andalucía.
Sin embargo, el debate dio un giro cuando el concejal no adscrito Felipe Cayuela solicitó dejar el expediente sobre la mesa. Cayuela argumentó la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del asunto y justificó su petición en la falta de informes económico-financieros y de análisis de contingencias que permitieran evaluar las posibles indemnizaciones y riesgos patrimoniales para el Ayuntamiento.
La propuesta de aplazamiento fue apoyada por el grupo municipal socialista. Su portavoz, José Luis Amérigo, defendió que, en ausencia de los informes económicos y sin una estimación precisa de los riesgos, la corporación municipal no disponía de elementos suficientes para pronunciarse favorablemente.
- Votaron a favor del aplazamiento: cinco concejales del PSOE (José Luis Amérigo, Vanesa Fuentes, Francisco Capel, Mariana Esteban e Isabel Hernández) y dos ediles no adscritos (Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo).
- Votaron en contra: el alcalde y los cuatro concejales del Partido Popular.
- No asistió, por motivos laborales, el edil socialista Andrés Belmonte.
El resultado de la votación supuso el bloqueo de la decisión sobre la nulidad de la licencia y la suspensión del pleno, hecho que ha motivado la investigación de la Fiscalía.
Aprobación posterior de la nulidad
Finalmente, la nulidad de la licencia fue aprobada en un nuevo pleno celebrado el 7 de julio. En esa ocasión, la decisión salió adelante con los votos favorables del alcalde, los cuatro ediles del PP y tres concejales del PSOE. Cabe destacar que, antes de la votación, abandonaron el pleno el portavoz socialista José Luis Amérigo, el también socialista Francisco Capel y los dos ediles no adscritos, Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo.
Contexto judicial y urbanístico
El caso de El Algarrobico es uno de los más emblemáticos en materia de urbanismo y protección medioambiental en Andalucía. La sentencia del TSJA de 2021 y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía instaban al Ayuntamiento de Carboneras a declarar la nulidad de la licencia urbanística, una exigencia que ha generado un intenso debate político y jurídico en el municipio.
La investigación de la Fiscalía buscará determinar si el aplazamiento de la anulación de la licencia constituyó un acto deliberado contrario a la legalidad y si los ediles implicados incurrieron en prevaricación administrativa.
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