La esposa de Ignacio González niega implicación de Dragados en el ajardinamiento de su vivienda
En el marco del juicio del conocido ‘caso Lezo’, Lourdes Cavero, esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha negado rotundamente la participación de Dragados, empresa adjudicataria de obras en el Canal de Isabel II, en las labores de ajardinamiento de su vivienda particular.
Declaración ante la Audiencia Nacional
Durante su comparecencia como testigo ante la Audiencia Nacional, Cavero afirmó que la contratación de los trabajos de jardinería de su hogar fue decisión suya y que Dragados “no intervino absolutamente para nada” en dichos trabajos. La testigo sostuvo que “Dragados jamás figuró en el jardín”, desmarcando así a la constructora de cualquier implicación en las mejoras de su propiedad.
Cavero explicó que fue su esposo quien, tras asistir a la inauguración de unos jardines realizados en el Canal de Isabel II, le presentó a una paisajista cuyo trabajo le había gustado. A raíz de esta recomendación, Cavero contrató a la especialista para el proyecto de ajardinamiento.
Detalles sobre los pagos
Respecto al coste de las obras, Cavero detalló haber realizado dos pagos: uno de 9.000 euros a la paisajista por la dirección del proyecto y otro a la empresa encargada de ejecutar los trabajos. Sin embargo, reconoció no disponer actualmente de los recibos que acrediten dichas transacciones.
Contexto de la investigación judicial
Ignacio González se encuentra acusado de supuestas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos por parte del Canal de Isabel II, relacionados con la construcción de un campo de golf. Estos contratos habrían favorecido a empresas vinculadas a su hermano, Pablo González, y a su cuñado, Juan José Caballero, ambos también procesados en la causa.
La Audiencia Nacional investiga especialmente la adjudicación de las obras del campo de golf a Dragados, empresa que a su vez subcontrató determinados trabajos a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), sociedad cuyos propietarios eran precisamente el hermano y el cuñado de González, según la Fiscalía Anticorrupción.
Adjudicación de la gestión y explotación
En 2006, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.
Testimonios y reacciones
- Una extrabajadora de Soto Once declaró que, tras conocerse la investigación a Pablo González, se instó a los empleados a eliminar cualquier contacto, mensajes o correos electrónicos con el investigado. Sin embargo, el fundador de la empresa, Pablo Miguel García, negó categóricamente haber dado dicha orden.
- Paz González, exconcejala de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, también testificó asegurando que, en el momento de la votación para la adjudicación a favor de la UTE, desconocía la vinculación empresarial con familiares de González, información que consideró “por supuesto” relevante para la toma de decisión.
Solicitudes de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta seis años de prisión para los procesados, acusados de delitos de cohecho y de cooperación necesaria en los mismos, además de una multa de 550.000 euros.
El juicio continúa en la Audiencia Nacional, donde se sigue analizando la presunta trama de adjudicaciones irregulares en torno al Canal de Isabel II y los posibles beneficios a familiares del expresidente regional.
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